"Los órganos de contratación de las regiones ultraperiféricas (RUP) pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local, siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses". Así lo expresa una comunicación de la Comisión Europea (CE) sobre el "crecimiento inteligente, sostenible e integrado" de las RUP publicado el pasado 20 de junio en el Boletín Oficial de la Unión Europea. El alcance verdadero de esa referencia explícita al planteamiento defendido por el Ejecutivo regional ayer lo enfrentó con el principal partido de la oposición -el PP-, que restó peso a esta idea.

En esta línea, tanto el diputado canario Manuel Fernández como el eurodiputado Gabriel Mato expresaron su escepticismo sobre la importancia de la comunicación.

Alteración "grave"

Fernández calificó de "no creíble" el anuncio del Gobierno regional, que informó el pasado domingo en un comunicado que la UE "admite" que en los concursos públicos se exija a las empresas la contratación de residentes canarios. "La CE es contraria a establecer excepciones al principio de libre circulación y trabajo en la UE", esgrimió, argumento en el que coincide con el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO Canarias, Carmelo Jorge, quien también cree que "de ser cierto", altera "gravemente las condiciones de igualdad, mérito y capacidad" y este tipo de cuestiones "no se deberían tener en cuenta en ningún tipo de empleo".

Fernández cuestiona la capacidad de Canarias para negociar este asunto de forma directa con Bruselas y criticó que "si fuera cierta esa autorización, no incluirían la idea en la reforma del REF que quieren sacar adelante".

En otra nota, Mato señala que el anuncio del Gobierno es "absolutamente incierto y solo viene a crear confusión y tergiversar la posición de las instituciones europeas en una materia tan delicada".

Añade que el Ejecutivo canario utiliza de forma "sesgada" la comunicación, "que deja bien claro que los órganos de contratación de estas regiones, entre las que se encuentra Canarias, pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local.

El matiz, explica luego, es que lo condiciona a que "no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses", lo que es un aspecto "importante" que el Gobierno regional "omitió deliberadamente y con el único interés de confundir a la ciudadanía" en su anuncio.

Pero el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la UE, Ildefonso Socorro Quevedo, aclaró frente a las críticas de los populares y CCOO Canarias que no se trata de una autorización o un pronunciamiento a una petición, sino de una comunicación sobre las RUP y matiza que la referencia a la no discriminación se refiere a la imposibilidad de exigir a una empresa de otra autonomía o país que se instale en las Islas o establecer criterios basados en la nacionalidad de los trabajadores, "pero sí puede exigir que contraten mano de obra local". El viceconsejero defendió que la comunicación es de aplicación inmediata y ya está vigente, por lo que puede ponerse en marcha ya en el ámbito de la contratación pública.

Como era de esperar, tanto el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, como el diputado socialista Manuel Marcos Pérez respaldan la postura del Gobierno en el asunto, mientras que el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, apuntó que "está de acuerdo" en que el primer objetivo sea contratar a "residentes canarios", esto es, a quien resida y esté empadronado en ellas. "Quien está engrosando las listas del paro no son solo los canarios, sino también aquellos que han venido y se han quedado aquí", precisó.

INFORMACIÓN EN PÁG. 22