La deuda que el Gobierno canario mantiene con las farmacias se debe a la "incompetencia" de la Consejería de Sanidad. Esa es la tesis que expuso ayer el grupo parlamentario popular, muy crítico con los argumentos empleados por el Ejecutivo regional, quien ha justificado el retraso en el pago a la demora experimentada, a su vez, por las transferencias del Estado.

La diputada Mercedes Roldós reveló que la Comunidad Autónoma recibió cerca de 280 millones de euros en transferencias en junio. La primera, de 189,1 millones, se produjo el día 12, mientras que la segunda, de 88,5, llegó el 29. La deuda a las oficinas de farmacia, que el Gobierno comenzó a saldar el pasado lunes, ascendía a 75 millones de euros. No obstante, el PP no precisó si las cantidades procedentes del Estado tenían como destino a Sanidad.

"Dice la consejera (Brígida Mendoza) que la culpa es del Estado. No es cierto: es culpa de su incompetencia", denunció Roldós antes de recordar que el año pasado se acumularon cuatro meses de impago con los farmacéuticos que "hubo que pagar con cargo a los presupuestos de 2012".

La situación de estos establecimientos se tornará "dramática" a partir de agosto, alertó el PP, en referencia a que los fondos para este fin se habrán agotado, puesto que una parte del presupuesto se ha usado para pagar las cantidades que se adeudaban en 2011.

Al margen de la deuda con las farmacias, el PP dibujó un panorama desolador de la gestión de Coalición Canaria al frente de la sanidad, fruto, a su juicio, de su negativa a "adelgazar la administración". "No es verdad que haya priorizado los servicios esenciales", sentenció María Australia Navarro, portavoz del grupo popular en la Cámara regional.

Como ejemplo, los parlamentarios del PP se refirieron al aumento del 18,5% de las listas de espera durante el año pasado, la duplicación -de 200 a 400 millones- de la deuda sanitaria extrapresupuestaria y el deterioro de las condiciones laborales.

Según Roldós, el plan de reequilibrio financiero elaborado por el Gobierno autónomo y presentado el pasado abril contiene varios recortes en materia sanitaria: eliminación de guardias o su transformación en guardias localizadas -el médico no se encuentra en el centro sanitario-, reducción de la contratación de interinos, restricción del libre acceso a los hospitales, mayor control del derecho a la asistencia de inmigrantes y turistas no europeos o la retirada de la financiación a fármacos "de bajo valor terapéutico".

"No entiendo cómo critican la gestión de Sanidad cuando es el Ejecutivo de Rajoy el que desmantela el Estado del bienestar", replicó la diputada de CC María del Mar Julios, quien recordó que la mayoría de los recortes vienen impuestos por el Gobierno central.