El último decreto nacional sobre el horario de los funcionarios de las administraciones públicas, ya en aplicación y que eleva su presencia en sus puestos hasta las siete horas y media, no tiene un encaje fácil en muchos casos. Por eso, el gobierno de Santa Cruz lleva semanas negociando con los trabajadores locales cómo adaptar lo mejor posible la modificación para atender cada caso y garantizar un buen servicio al público y a la institución. Aunque desde hace días se aplica un horario provisional fruto de un reciente decreto local, el gobierno que dirige José Manuel Bermúdez le ha planteado a los representantes de los empleados asistir entre las 7 y las 16:30 horas, toda una novedad en el consistorio y en otras administraciones.

Los funcionarios podrán elegir qué franja les conviene más para cumplir esas siete horas y media entre las 7 y las 16:30 horas. La única condición impuesta ahora por el gobierno local es la de que se esté en el puesto de trabajo entre las 9 y las 14:30. A partir de ahí, el empleado podrá completar las otras dos horas llegando desde las 7 o permaneciendo en su trabajo hasta las 16:30, cumpliéndose así las siete horas y media a las que está desde ahora obligado.

Mientras se alcanza un acuerdo definitivo sobre esta propuesta, y según señaló ayer a EL DÍA la concejal del área de Recursos Humanos, la nacionalista Carmen Delia Alberto, los funcionarios están trabajando entre las 7:45 y las 15:15 horas, con lo que se cumple también el decreto nacional, aunque sin ninguna opción de flexibilidad y adaptación según conveniencia.

De alcanzarse un acuerdo en la próxima reunión de la mesa negociadora, el gobierno local emitirá un nuevo decreto que regule de forma definitiva el nuevo horario.

De todos modos, el que afectará a la mayoría tendrá excepciones en aquel personal, como el de bibliotecas, museos y otros organismos, que ejercen por la tarde noche.

Alberto destaca que, de momento, no ha habido rechazo sindical durante las negociaciones, ya que se trata de un decreto que hay que cumplir, si bien están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el cambio sea lo menos traumático posible para los trabajadores.

Desde los sindicatos, lo que se ha criticado es la medida en sí, ya que entienden que, lejos de contribuir a crear empleo, lo seguirá dificultando o destruyendo.