El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo; los ayuntamientos de Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula, y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias han acordado endurecer las medidas de control, inspección y sanción para acabar con el fraude del falso vino del país. El organismo vitivinícola se ha reunido en el último mes con los alcaldes de los municipios de Acentejo y con miembros del Gobierno canario para consensuar nuevas medidas contra este fraude que se cumplirán "a rajatabla", según firma el consejo en un comunicado.
"El objetivo es que todos los interesados en vender vino de cosecha propia lo hagan con las máximas garantías para el consumidor, eliminando la posibilidad de recurrir a la picaresca que ha reinado en los últimos tiempos. Los vendedores de vinos, tanto en guachinches como en mercados de agricultor u otros puntos de venta, tendrán que acatar una ordenanza municipal que proteja la producción local y permita la venta de sus vinos elaborados con uva de la zona", detalla Tacoronte Acentejo.
Esta acción conjunta permitirá que el vino de la casa o del país que se consuma en Acentejo, "como muchas veces se señala en nuestras carreteras y caminos vecinales", haya sido "realmente elaborado con uvas de nuestras viñas y no haya cabida para la importación de uvas o mostos peninsulares para que luego se vendan como producto local".
"Tanto los representantes de los gobiernos municipales como la presidencia del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo han mantenido contactos con representantes de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para demandarles mayor control y protección de la uva local. Esta administración también se ha comprometido a aunar esfuerzos y poner todas las herramientas para perseguir y terminar con el fraude en esta nueva campaña de vendimia que comienza en apenas un mes", detalla la institución.
Según el consejo regulador, "el compromiso por parte de las administraciones públicas para poner freno a este asunto incluye inspecciones y denuncias". Además, aclara que serán los servicios de Agricultura de los ayuntamientos y el propio Consejo Regulador quienes planteen los requisitos básicos para la regulación en la venta de vinos a granel, "y Salud Pública los hará cumplir".