La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz Ana Zurita considera que "el expediente del Plan General no puede llevarse al pleno en las condiciones en las que se aprobó el pasado viernes en el consejo rector de Urbanismo porque genera una gran inseguridad jurídica, alterando de forma sustancial el dictamen de la ponencia técnica de la Cotmac del 3 de junio de 2011". Además, advierte de que, tal y como está preparado, contraviene "un acuerdo de la propia Administración municipal de aprobación provisional".
El grupo popular en el Consistorio de Santa Cruz exige "garantías jurídicas" para terminar la tramitación del Plan General de la capital tinerfeña y denuncia que el expediente aprobado "está incompleto y carece de los informes y garantías jurídicas para su aprobación".
Para la concejal popular, la actuación del equipo de gobierno en este caso "está resultando una verdadera chapuza, que añade más incertidumbre sobre el futuro urbanístico del municipio y abrirá la puerta a nuevos conflictos judiciales y posibles reclamaciones, al ir en contra de acuerdos ya tomados por el Pleno del ayuntamiento y refrendados por la Cotmac, que es la única competente en este momento del procedimiento para decidir y la que tiene la última palabra al respecto".
El PP censura "el tiempo perdido durante este año" y denuncia que el PSOE y CC "pretendan salir ahora del callejón sin salida en el que se han metido añadiendo una simple declaración política de intenciones a un expediente cuya tramitación está perfectamente reglada en la legislación procedimental".
Camino equivocado
"Desde un principio -indica-, hemos dicho y seguimos diciendo que el camino elegido por el grupo de gobierno para resolver el fuera de ordenación no resuelve el problema y la suspensión de áreas no puede realizarse de forma caprichosa, sino que debe estar avalada y justificada por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, de los que carece ahora mismo el expediente".
El grupo mixto, formado por Sí Se Puede, Por Tenerife y Ciudadanos, ha convocado una rueda de prensa conjunta para mañana, en la puerta principal del consistorio, relativa a esta aprobación del PGO y a los últimos datos sobre las facturas del despacho jurídico del primer teniente de alcalde, Julio Pérez, de pago a una empresa afincada en el paraíso fiscal de la isla de Man y relacionado con dos de los investigados por el caso de Las Teresitas.