"A fin de reforzar el principio de equidad y la coherencia del sistema, se incrementa la imputación de rentas derivada del patrimonio, limitando el acceso al subsidio a aquellos individuos cuya riqueza les permite una cobertura suficiente de sus necesidades". Esta es una de las novedades de "impacto social" que figura en el real decreto de medidas para hacer frente a la crisis económica que aprobó el pasado viernes el Gobierno, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque el presidente Mariano Rajoy no aludió a esta medida en su intervención del pasado miércoles ante el Congreso, donde anunció los nuevos recortes, la reseña del Consejo deja claro que se suprimirá el subsidio de desempleo a quienes tengan una renta de patrimonio "suficiente para sus necesidades".

Rajoy dijo en su comparecencia parlamentaria que los nuevos parados verán reducida su prestación por desempleo a partir del séptimo mes, al pasar del 60% al 50% del cobro de la base reguladora, aunque no se modificará la duración máxima de esta ayuda, 24 meses.

También anunció que endurecería los requisitos para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI). En esta línea, ahora se exige que "previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, así como que durante un año no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales".

El Gobierno eliminará el subsidio especial para mayores de 45 años y retrasará a los 55 el que cubre hoy los mayores de 52, que "siguen teniendo garantizada la cobertura del subsidio ordinario".

La Seguridad Social cotizará menos por sus perceptores de cara a su pensión de jubilación (será el 100% de la base mínima, en vez del 125% como hasta ahora).

Estos acuerdos figuran en las áridas referencias del Consejo de Ministros del pasado viernes que facilitó La Moncloa, que también dan cuenta de que "se suprimen todas las bonificaciones a la contratación a excepción de las destinadas a la de personas con discapacidad, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres."

Se mantienen las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a trabajadores en baja por maternidad y a víctimas de violencia de género.

"Las bonificaciones tienden a ser más efectivas -sigue la referencia del Consejo- cuando se dirigen a colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al mercado de trabajo".

Los cambios no afectan a los topes mínimos, que, "para el caso de los perceptores sin hijos, será 497 euros/mes, y perceptores con hijos, 665 euros/mes, de forma que se estima que quedarán exentos de la medida, al menos, el 27% de los potenciales nuevos perceptores".

La ministra del área, Fátima Báñez, afirmó ayer, en su intervención en el XIII Congreso Regional del PP andaluz, que estas medidas del Gobierno son "duras" pero "inevitables" y que están hechas con "sensibilidad".

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