La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, autorizó el pasado 27 de junio el proyecto de remodelación de la avenida de San Andrés que le había presentado el ayuntamiento. Su respaldo, sin embargo, incluye diversos condicionantes que, según el gobierno local, dificultan enormemente la aceptación por parte del consistorio, como la obligación de reubicar la estación de bombeo situada junto al castillo de la zona.

Costas subraya que dicha estación se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre y que incumple con lo establecido en el artículo 44.6 de la Ley 22/1998, por lo que pide su traslado fuera de ese espacio y "de la servidumbre de protección en el proyecto a presentar para legalizar la avenida mediante concesión administrativa".

La concejal del PP Ana Zurita recalcó ayer que, "a diferencia de lo dicho por el edil de Obras en la última comisión de control al gobierno, Dámaso Arteaga, Costas no ha fijado ningún impedimento legal a las obras. Si han adquirido un compromiso con los vecinos y tienen esos 700.000 euros, que se cumpla con la actuación", subraya.

Arteaga, por su parte, insistió ayer en que, por la petición de reubicar la estación de bombeo, pero, también, por otras como que todo se haga mediante una concesión o que el ayuntamiento elabore un estudio batimétrico, el gobierno ve muy difícil aceptar las condiciones. Durante el día de hoy, y según anuncia, los técnicos de su área volverán a analizar con detalle las exigencias del Estado y decidirán si aceptan los condicionantes o no.

En su resolución del pasado 27 de junio, Costas incluye, en sus condiciones particulares, que el plazo de vigencia de su autorización es de un año y que se deberá solicitar su renovación hasta que se otorgue la concesión administrativa para legalizar la ocupación del dominio público por la avenida. A su vez, pide que, antes del inicio de los trabajos, se deberá solicitar a Costas el replanteo de los trabajos y, a su conclusión, el reconocimiento final. También cuando concluyan, insta a que el consistorio presente un certificado de lo ejecutado suscrito por su director.

Frente a la concesión, el ayuntamiento ha planteado desde finales del año anterior que se firmase un convenio de colaboración como fórmula jurídica más adecuada y menos conflictiva para desarrollar este proyecto,. Sin embargo, el Ministerio lo ha impedido, bajo el argumento de que solo cabe la concesión. Por eso, el pasado 25 de junio, el ayuntamiento envió su aceptación de la resolución de la concesión administrativa y la Demarcación autorizó dos días después las obras, lo que lleva al PP a asegurar que Arteaga no dijo la verdad en la última comisión de control.

Tutela estatal

Entre las condiciones generales impuestas ese día por Costas, se deja claro que dicha autorización no implica la cesión del dominio público ni de las facultades del Estado, que se reserva las de tutela y policía sobre ese terreno y que el ayuntamiento deberá informarle de las incidencias que se produzcan.

Asimismo, el consistorio deberá responsabilizarse de lo que ocurra durante la ejecución y explotación de las instalaciones, debiendo disponer de un seguro de responsabilidad civil de cuantía suficiente para poder responder por los daños, materiales, personales y otros perjuicios que pudieran causarse. También se prohíbe la instalación de carteles o vallas de publicidad o por medios acústicos o audiovisuales.

Para Arteaga, estas exigencias y otras suponen unas condiciones excesivas que el ayuntamiento debe estudiar en profundidad por las posibles consecuencias que tendrá la firma del consistorio en una concesión bajo estas circunstancias. Según recalca, todo hubiese sido mucho más fácil con un simple convenio administrativo.