Los alcaldes canarios expresarán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su inquietud por los cambios en la ley de Bases del Régimen Local, pues advierten de que las islas no son equiparables a la Península y no se debe proceder a la fusión de municipios.
Así lo han indicado hoy el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia, quien en una rueda de prensa con motivo de la asamblea general de la entidad señaló que las demandas de los municipios de las islas serán formuladas el 24 de julio en una reunión con la FEMP.
Manuel Ramón Plasencia señaló que no son iguales los municipios canarios que los peninsulares y criticó el hecho de que, a su juicio, parece que se quiere transmitir el mensaje de que los cambios en la citada ley que promueve el Gobierno central sólo afecta a la reducción en el número de alcaldes y concejales, cuando realmente "afecta a lo público".
Como ejemplo dijo que en Castilla y León hay más de 2.000 municipios pese a contar con 500.000 habitantes más que Canarias, y en las islas hay 88 ayuntamientos repartidos en diferentes territorios por lo que es mayor la dificultad para mancomunar servicios.
Además la Fecam rechaza que en la ley se impulse la reducción "de muchas competencias municipales" pese a que son "fundamentales" los servicios que prestan las corporaciones locales.
Al respecto, Marcial Morales, vicepresidente de la Fecam y alcalde de Puerto del Rosario, afirmó que el debate sobre la fusión de municipios "no tiene que ver con Canarias" y advirtió de que el problema es "que se carga contra el más débil", pues "ningún Ayuntamiento tiene más del 60 por ciento de liberados".
Es un error transmitir a la población que la culpa de la crisis es de los ayuntamientos, prosiguió Morales, quien reconoció que "ciertamente" hay que "optimizar" los recursos, pero para ello habría que comenzar cono ayuntamientos que, como en la Península, "sólo cuentan con 20 o 30 habitantes".
De resto, agregó, las corporaciones más imprescindibles son los ayuntamientos por lo que se necesita un debate "serio" y no lanzar "bulos" en cuanto a que "el problema en España está en lo que cobran alcaldes y concejales".
Este debate "está fuera de la realidad" y Marcial Morales se preguntó si alguien cuestiona si son imprescindibles "más de 600 miembros en las Cortes Generales".
Antonio Calcines, también vicepresidente de la Fecam y alcalde del municipio grancanario de Agaete, afirmó que con la modificación prevista en la ley se reducirán las competencias municipales en educación y sanidad y criticó el que se esté "demonizando" a los municipios.
Calcines precisó que del total de la deuda pública española, el 52 por ciento corresponde al Gobierno central, el 13 por ciento a las comunidades autonómicas y sólo el 3,3 por ciento a los ayuntamientos, según datos de diciembre de 2011.
"No creo que seamos los ayuntamientos los culpables de la deuda pública del país", advirtió el dirigente municipal.
Manuel Ramón Plasencia, presidente de la Fecam, subrayó que con los cambios propuestos en la ley "prácticamente quedan intervenidos" los ayuntamientos y los cabildos.
La Fecam también debatió sobre la próxima publicación de la convocatoria de empleo público acordada con la Consejería del área en el Gobierno de Canarias, y que ascenderá a 9,5 millones de euros, un millón y medio más de lo previsto ante la necesidad "de apostar por el empleo público", dijo Plasencia.
Los municipios han acordado además pedir al Gobierno autonómico un informe sobre qué centros están considerados escuelas infantiles y cuáles guarderías, pues la normativa de estas últimas es más flexible y las primeras tienen criterios diferentes en cuanto a la necesidad de contar con personal más cualificado.