El concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales, impugnó ayer en el Juzgado Contencioso-Administrativo el consejo rector de Urbanismo que aprobó el pasado viernes el PGO local, aparte de solicitar la suspensión cautelar del pleno de este viernes, en el que se prevé respaldar dicho documento para ser remitido a la Cotmac. Corrales considera que el gobierno de CC PSOE "ha optado por la vía de la absoluta ilegalidad" y confía en que la Justicia frene sus intenciones.
El gobierno, por su parte, tiene previsto responder a estas peticiones en el juzgado mañana, según adelantó ayer a EL DÍA el edil de Política Territorial, José Ángel Martín.
Corrales exige que el alcalde y el primer teniente de alcalde, José Manuel Bermúdez y Julio Pérez, "den la cara y expliquen por qué incumplen el acuerdo plenario del pasado 24 de febrero para reformular el PGO y ahora quieren aprobarlo de prisa y corriendo".
Según recuerda, hace medio año entregó a todas las fuerzas políticas un documento de propuestas concretas "para avanzar en la modificación del PGO, buscando el máximo acuerdo, que posteriormente fue ratificado de forma unánime en el pleno del 24 de febrero".
Por Tenerife reitera su compromiso de reformular de manera rápida el PGO de Santa Cruz, "eliminando pelotazos y legalizando las viviendas fuera de ordenación. Es necesario hacer las cosas mediante acuerdo, respetando la legalidad e invitamos al resto de fuerzas políticas y agentes socioeconómicos a que cumplan el acuerdo del pleno del 24 de febrero y que no opten por atajos".
A su juicio, el PGO "debe servir para definir rigurosamente la localización de las viviendas, las actividades productivas e infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio natural y biológico".