El Gobierno catalán inició ayer las gestiones para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los nuevos recortes aprobados la semana pasada por el Gobierno de Rajoy y ha alertado de la "monstruosa" previsión de reducción de déficit para 2013.

El Govern analizó los reales decretos ley aprobados el viernes por el Ejecutivo central, en los que detecta una "vulneración flagrante" de competencias catalanas, por ejemplo en materia de reforma de las administraciones públicas, ley de dependencia y horarios comerciales. De entrada, el Govern pedirá dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para que determine si hay efectivamente invasión competencial y, en ese caso, se presentará recurso al TC.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha calificado de "error monumental" algunos de los ajustes previstos por Rajoy, aunque ha evitado utilizar las mismas palabras que empleó el pasado sábado el secretario de organización de CDC, Josep Rull, al pedir que Cataluña "no aplique los recortes que impone" el Gobierno español para 2013.

Homs aclaró que, de acuerdo con los poderes políticos que tiene en su mano la Generalitat, el margen que tiene el Govern de CiU para expresar su protesta consiste en votar en contra de las medidas cuando se voten en el Congreso, presentar recursos de inconstitucionalidad y reivindicar con fuerza el pacto fiscal.

Tanto la mayoría absoluta del PP como el sistema de financiación vigente, que convierte a Cataluña en "dependiente" financieramente del Gobierno español, impiden, según Homs, que el plante pueda ir mucho más allá: "Si no hay dinero, ya puedes plantarte ante la virgen, el FMI o Bruselas".

Si la situación financiera de la Generalitat para el año que viene ya era más que alarmante, después de que el Gobierno central se haya negado a compartir con las autonomías la flexibilización de los objetivos de déficit concedida por la UE, Cataluña se coloca ante un escenario de extrema gravedad, ha advertido el portavoz.

En la reunión de la semana pasada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impuso un límite de déficit de las autonomías para 2013 del 0,7% del PIB, en lugar del 1,1% que estaba previsto.

La decisión complica aún más si cabe las dificultades del Govern para hacer que cuadren los números de los presupuestos para 2013, que empezará a confeccionar en las próximas semanas.

Si la situación de 2012 "ya es grave", ha afirmado Homs, "lo de 2013 es monstruoso" y amenaza con llevar al país a un "callejón sin salida" (cul de sac).

Al obligar a las comunidades autónomas a "afeitarse" en conjunto cerca de 4.000 millones de euros más con esta modificación del tope de déficit para 2013, en su opinión, el Gobierno español lanza el mensaje de que el año que viene "habrá que recortar más" las políticas sociales, educativas y sanitarias.

Homs, que no ve verosímil la configuración de un frente común autonómico para plantar cara a Rajoy, ha puntualizado que el deterioro de las relaciones con el PP en Madrid no tiene por qué afectar a la posible colaboración con el PPC en Cataluña.

El rey rebaja su sueldo.- El rey ha decidido rebajar en un 7,1% su sueldo bruto anual y el del príncipe de Asturias, en línea con los recortes aplicados a los miembros del Gobierno, lo que supone una rebaja de 21.000 euros en el sueldo antes de impuestos de don Juan Carlos y de unos 10.400 euros en el caso de don Felipe.

El jefe del Estado ha decidido recortar también en un 7,1% la cantidad anual asignada para gastos de representación del resto de miembros de la Familia Real, que se verá reducida por tanto en 22.365 euros. En todo caso, antes de este recorte de sueldos, don Juan Carlos ya había decidido reducir la rúbrica dedicada a gastos de representación de los miembros de la Familia Real en 60.000 euros, desde los 375.000 euros de 2011 a un máximo de 315.000 euros.

El jefe de la Casa del Rey, cuyo cargo cuenta con rango equivalente al de ministro, experimentará un recorte en la misma cuantía, mientras al resto de altos cargos y funcionarios de la institución se les aplicará la supresión de la paga extra de Navidad acordada por el Gobierno para los funcionarios de la Administración del Estado.

Diputados y senadores.- Las Mesas de ambas Cámaras parlamentarias acordaron ayer, martes, suprimir a sus miembros la paga extra de Navidad, en consonancia con el recorte aplicado por el Gobierno a los funcionarios, lo que supondrá una quita del 7,8% de su salario anual. La supresión se aprobó por unanimidad en el Senado y en el Congreso, con la excepción de Amaiur.

Después de que el pasado miércoles el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunciara la eliminación de una paga extra a los funcionarios y pidiera ese mismo esfuerzo a los parlamentarios, el PP comenzó a buscar apoyos de todos los partidos para pedir a Jesús Posada, presidente del Congreso, en un escrito, que aplicara esta medida a sus señorías.