El salón de plenos del Ayuntamiento santacrucero estaba en la mañana de ayer totalmente en calma, algo bien distinto de lo que, más que presumiblemente, ocurrirá hoy con la aprobación parcial del PGO y la protesta que llevará a cabo la Plataforma vecinal en contra. Al lado de esa dependencia, el alcalde, el primer teniente de alcalde y el edil de Política Territorial, José Manuel Bermúdez, Julio Pérez y José Ángel Martín, respectivamente, presumían, dentro de lo que permite el tortuoso y largo proceso llevado hasta ahora, de que el gobierno local "haya cumplido lo estipulado en el pacto entre CC y PSOE" y respalde hoy un documento "que no es el de Zerolo, que ha cambiado diametralmente respecto al aprobado el 23 de marzo de 2011 y que ahora es el de todos, el de la ciudad y el que vinimos a hacer", según recalcó el líder socialista en el municipio.
Bermúdez admitió que han tardado más tiempo del que deseaban en traer el PGO a pleno para su aprobación parcial, pero resaltó que esto ha permitido dotar el documento de "una mayor solvencia técnica y jurídica" respecto a hace unos meses.
Pérez quiso ser muy explícito y, a diferencia de lo que sostiene la Plataforma vecinal y partidos como SSP, Por Tenerife y Ciudadanos, insistió en que el PSOE se opuso al PGO "durante décadas porque no nos gustaba, porque no era el del interés de la mayoría. Para cambiar entramos en el gobierno y hemos cumplido con eso, ya que, entre caducar el plan y comenzar desde el principio, como piden unos (Plataforma y grupo mixto), o no suspender nada y aprobar el de Zerolo (PP), mantenemos nuestra hoja de ruta de aprobarlo parcialmente y suspender los ámbitos polémicos para solventar el fuera de ordenación y ciertos planes parciales".
Entre estos, Martín hizo especial mención de Costa Cardón, "suelo de protección ambiental que los propios técnicos del Cabildo dicen que no se puede aprobar tal y como estaba"; el proyecto Perrault de Las Teresitas; Las Huertas; el suelo agrícola de La Gallega para la Zona de Actividades Logísticas o la montaña de Taco, "que hubiera supuesto una expropiación de hasta 140 millones de euros".
El edil subrayó que "todos los informes técnicos y jurídicos, locales y regionales, avalan la hoja de ruta local y niegan la caducidad del plan" (aunque él sigue creyendo que ha caducado), al tiempo que advirtió que, si bien el plan no pondrá fin a la crisis, sí permitirá desarrollar una mayor descentralización de los distritos, mejorar las canchas deportivas, los viarios del Suroeste y la gestión de viviendas sociales, entre otras cuestiones.