El gobierno local de Santa Cruz, mediante un esperado comunicado oficial, se comprometió al mediodía de ayer a que "ninguna persona mayor de la capital que estuviera recibiendo el servicio de ayuda a domicilio dejará de recibir esta prestación". Así lo aseguran los responsables del Instituto Municipal de Atención Social (Imas), "desde el que se garantiza (mediante subvenciones a los beneficiarios más necesitados) la asistencia y servicio tras la renuncia de la empresa Mararía" por su imposibilidad para abonar las nóminas de sus 200 trabajadores por sus deudas, entre otros organismos, con la Seguridad Social.
El propio alcalde, según subraya la nota, "ha dado instrucciones al concejal José Ángel Martín, que sustituye estos días al responsable de Atención Social y Servicios Personales, José Manuel Arocha, para que ningún vecino se vea perjudicado". Para ello, el equipo gobernante afirma que "se trabaja con todos los recursos disponibles para ofrecer la mejor solución a todos los usuarios de atención domiciliaria en el municipio".
Según el gobierno, desde el próximo día 1 de agosto, cuando la empresa ya no se ocupe de esta prestación, de la que se benefician unas 1.200 santacruceros (300 de ellos, mayores que viven solos), "se subvencionará el servicio a todas los beneficiarios con mayor número de factores de exclusión y vulnerabilidad social", unas 500 personas, según sus cálculos, a través de las ocho empresas con las que trabaja la Comunidad Autónoma. Sostiene también que este número "aumentará de forma progresiva, de tal modo que, a finales de septiembre, esté cubierto el 100% de los usuarios que reciben esta prestación".
José Ángel Martín destacó ayer "la buena predisposición" de la Corporación municipal y explicó que, "desde hace meses, se trabaja para evitar el conflicto. El Imas propició varias reuniones entre la Cooperativa Mararía y la Seguridad Social, además de los representantes de los trabajadores, con el fin de llegar al mejor acuerdo para todas las partes", indicó.
El edil también resaltó que Mararía "tiene una deuda importante con la Seguridad Social y Hacienda, que ha provocado el embargo de sus cuentas y las consiguientes dificultades para el pago del salario a los empleados, pese a que el consistorio ha abonado todos los servicios".
Según indicó, estas actuaciones "se remontan a agosto de 2011, mes en el que el Imas inicia un trabajo intenso con la Cooperativa Mararía para mejorar la gestión de la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Lo primero fue poner al día todos los pagos atrasados, de modo que, a finales de diciembre, Mararía había cobrado todo el trabajo y percibía los servicios prestados mensualmente".
Deuda de 3,4 millones
Sin embargo, y según matizó, "el importantísimo esfuerzo de toda la plantilla del Imas para lograr esta actualización del pago mes a mes no ha sido suficiente, ya que, en marzo de 2012, se comunica que la Cooperativa se encuentra en una situación económica inviable para seguir prestando el servicio y con una deuda con la Seguridad Social y Hacienda de 3,4 millones".
El gobierno recalca que, en ese momento, emprende conversaciones "para buscar las alternativas más viables y, ante la imposibilidad de que Mararía pueda seguir con las prestaciones, la Cooperativa presentó el pasado viernes un escrito renunciando al servicio". Ante esto, el Imas ha optado por dar una subvención a las personas mayores "más necesitadas entre las que están recibiendo esta asistencia; incorporar de manera progresiva a todos los usuarios y volver a sacar a concurso el servicio para garantizar su estabilidad. "En definitiva, se garantiza que no habrá ningún menoscabo para las personas mayores usuarias del servicio".