Mientras los sindicatos docentes alertan de un drástico recorte de profesorado para el próximo curso, la Consejería de Educación garantiza que los interinos mantendrán sus puestos de trabajo. "Los profesores que hayan trabajado el pasado curso no tienen que temer por su empleo, porque continuarán el próximo", aseguró ayer a este periódico el director general de Personal de la Administración educativa, Carlos Quesada.
No obstante, este compromiso no significa que la plantilla permanezca sin cambios, dado que la posibilidad de contratar a más interinos para sustituir al profesorado que se jubile parece bastante remota. "Dependiendo de los recursos disponibles, las jubilaciones podrán cubrirse o no con nuevos interinos, pero tenemos un escenario muy complicado", admitió Quesada. Aunque la Consejería no dispone aún de la cifra de trabajadores que cesará por retiro, prevé que se mueva en la horquilla habitual, entre las 500 y 700 personas.
En cuanto a los temores de las organizaciones sindicales, el director general recordó que antes de que arrancara el curso pasado ocurrió lo mismo, pero luego "se pudo comprobar que no hubo recorte alguno de plantilla; es más, se mejoró de forma sensible la cobertura de las sustituciones".
En esta ocasión, los representantes de los trabajadores manejan previsiones que oscilan entre los 700 y 870 docentes menos. Según Carlos Quesada, esto se debe a que "en esta fase del proceso se ha adjudicado la mayor parte de las vacantes, pero la cifra queda sujeta a que a lo largo de septiembre se terminen de cerrar flecos por las últimas incidencias de las matrículas y la configuración de grupos". "En este momento -explicó- es cuando se puede decir que se cierran las plantillas".
El mensaje de tranquilidad que lanza el Gobierno no solo contrasta con el pesimismo sindical, sino también con los augurios que formulaba hace solo tres meses el propio consejero de Educación, José Miguel Pérez, quien afirmaba que una aplicación literal de las medidas impuestas por el Ejecutivo central -subida de ratios e incremento del horario docente, principalmente- pondría en riesgo alrededor de 3.500 empleos.
El trabajo realizado en Canarias para "minimizar el impacto" de estas actuaciones -mediante la asignación de créditos horarios adicionales para algunos centros- ha permitido, defiende Carlos Quesada, que estos vaticinios no se hagan realidad. De la misma manera, sostuvo, la Comunidad Autónoma trata de evitar que la reducción de ingresos que también implican las medidas del Ministerio de Educación se traduzca en la disminución de plantillas.
Con todo, los sindicatos siguen sin dar crédito a las palabras de la Consejería. La Junta de Personal Docente de Las Palmas se refirió ayer al proceso de adjudicación de destinos como "un capítulo más de la destrucción de empleo en el cuerpo de docentes". A juicio de esta entidad, 700 interinos se verán "abocados al paro o, en el mejor de los casos, pendientes de mendigar una sustitución a principios de septiembre". Ante esta situación, anuncian un comienzo de curso "duro y caliente".