Un estudio realizado por los dos colegios oficiales de trabajadores sociales de las Islas sobre la prestación canaria de inserción (PCI) concluye con la afirmación de que la "ley 1/2007 que regula la prestación económica que va unida a una serie de medidas conducentes a la inclusión social se está vulnerando, puesto que el tiempo máximo previsto para la tramitación de dicha prestación es de cinco meses, pero se tarda una media de ocho". Con estas palabras, la portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales -en la que se incluyen ambos colegios, así como todo tipo de organizaciones sociales-, María Jesús Guedes, criticó "la falta de previsión y de interés del Gobierno de Canarias y, en concreto, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda", y su repercusión en "el deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población, especialmente de quienes sufren la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y el desempleo".

Guedes recordó que desde que a mediados de 2010 se agotase la partida presupuestaria prevista para todo ese ejercicio ha sucedido lo mismo año tras año.

"Si los fondos no se amplían, las solicitudes crecen y, al mismo tiempo, se tienen que cubrir todos los impagos del año anterior nos encontramos con que no se les está dando una respuesta rápida a las personas para las que la PCI es su único modo de vida, ya que les permitiría comprar comida, pagar un alquiler o cubrir todas las necesidades básicas que, de otra manera, no podrían", añadió María Jesús Guedes, para quien "se están vulnerando los derechos de los usuarios, que, en un gran número de casos, tienen concedida una ayuda, pero no se les abona hasta seis, siete, o incluso ocho meses después".

Se cumple la ley

En este sentido, desde la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias recuerdan que "se cumple escrupulosamente con la ley, puesto que los expedientes que remiten los ayuntamientos siempre se resuelven antes de tres meses, que es el plazo que marca la ley. Otra cosa es que por que las solicitudes están incompletas o no son correctas se produzcan otro tipo de retrasos o que, una vez resuelto, nos encontramos con que no hay fondos disponibles, pero para esos casos está prevista la retroactividad, es decir, que a la persona se le abonarán todos los recursos económicos que le correspondían en ese periodo desde que haya liquidez".

Además, insisten en que "la PCI no es una ayuda para las personas que han agotado el subsidio de desempleo, sino que está pensada para aquellas personas que se encuentran en exclusión social, es decir, que no solo demandan recursos de tipo económico, sino también precisan de habilidades y apoyos sociales para no caer en la exclusión social y agravar aún más su situación".

Precisamente la propia consejera, Inés Rojas, anunció hace un mes que su departamento trabaja ya en un ajuste en la PCI "para que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar", ya que afirmó que en los ayuntamientos "no se está utilizando correctamente. Se ofrece como una salida para quien está en paro, y esa no es su función", dijo, antes de defender la utilidad de esta prestación y recordar su carácter pionero en el territorio nacional.