Todo parece indicar que la normativa que limita el tiempo que un estudiante puede permanecer en la Universidad de La Laguna (ULL) tendrá que esperar hasta el curso 2013-2014 para ser aplicada. El rector, Eduardo Doménech, informó ayer sobre este reglamento al Consejo de Gobierno de la institución académica, y avanzó que, previsiblemente, no esté tramitado a tiempo para que entre en vigor cuando comience el próximo curso.

No obstante, esta demora coincide con las intenciones de la ULL, cuyo claustro ha aprobado por unanimidad en fechas recientes una propuesta del grupo Liga que, entre otras cosas, sugiere posponer la implantación de la normativa de permanencia debido al "alto grado de incertidumbre en que se encuentran los alumnos".

Es el Consejo General de Universidades quien ha de dar luz verde definitivamente a esta iniciativa. Para que entrase en vigor en septiembre, el ministro de Educación debería convocarlo para los primeros días del mes y luego publicarla con urgencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que no parece muy probable.

Durante la reunión del Consejo de Gobierno, el gerente de la Universidad, Justo Artiles, presentó un nuevo paquete de medidas de ajuste sobre el gasto corriente, que se suman o complementan las ya aprobadas en una reunión anterior del órgano colegiado.

Estas medidas tienen que ver con la centralización de contratos de servicios, normas más severas de impresión de documentos y centralización de servidores en el Servicio TIC, al objeto de ahorrar costes de refrigeración o aire acondicionado, por ejemplo. Estas iniciativas han provenido de miembros de la comunidad universitaria, que la Gerencia de la ULL ha estudiado y asumido al entender que son viables.

El Consejo de Gobierno también aprobó un Plan de Apoyo a la Gestión Universitaria, un documento que da continuidad al ya aprobado en 2009, y con el que se pretende garantizar la docencia en todas las titulaciones de grado y posgrado, además de preservar la plantilla docente, según destacó el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Juan Felipe Pérez Francés.

El real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo introduce cambios en el régimen de dedicación del profesorado de las universidades. Pérez Francés explicó que estas modificaciones afectan al cómputo de las horas de dedicación a la actividad docente para las reducciones por gestión contempladas hasta ahora.

En el texto aprobado ayer se establece así la reducción máxima de dedicación docente por cargos académicos y de gestión universitaria sobre el régimen de dedicación a tiempo completo. En todos los casos recogidos en el plan, la ejecución efectiva de las reducciones no será automática, sino que deberá ser solicitada por los interesados.