El consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, aseguró ayer que comparte la idea "lógica" de reformar las administraciones públicas, pero pidió al Gobierno que la acometa con un gran pacto de Estado y sin afectar a la autonomía de los ayuntamientos.
Hernández Spínola se pronunció así tras reunirse con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para tratar la reforma de la administración local y de la función pública.
El consejero, para quien la reunión fue "cordial" y "fluida", apoyó una "reforma de calado" en las administraciones, pero pidió que vaya ligada a cambios en la ley de Haciendas Locales ya que, a su juicio, la propuesta del Gobierno está "imbuida" por la idea de garantizar la estabilidad financiera de las instituciones.
Defendió que uno de los aspectos más problemáticos es la restricción competencial de los ayuntamientos, que podrían ver cómo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma se les somete a una evaluación por la que, si no cumplen con los estándares de calidad, las diputaciones o los cabildos asumirían la prestación de servicios.
Según señaló Hernández Spínola, el Gobierno canario defiende el "municipalismo" y considera que "los ayuntamientos deben ser un pilar fundamental de las Administraciones Públicas".
El consejero aseguró estar muy "interesado" en conocer "con detalle" cuál va a ser el papel de los ayuntamientos en el texto final, que todavía puede sufrir modificaciones, y agradeció que el secretario de Estado se haya mostrado "receptivo" y se haya comprometido a enviar al Gobierno canario el documento final.
Explicó además que esa reforma puede afectar al gran "reto" propuesto por el Ejecutivo autonómico de modificar también las administraciones públicas del Archipiélago para evitar duplicidades y establecer el reparto de competencias.
Hernández Spínola dijo que la reforma será "complicada" y se hace en un momento "muy difícil" porque, "tiene que llevar aparejado un traspaso económico". Sobre las medidas para la función pública, lamentó que la supresión de la paga extra de Navidad supone perjudicar a los trabajadores que "menos ganan" y que las medidas que recortan derechos como el acogimiento a días libres van a "desmotivar" a los empleados.