Un informe a entregar a primera hora de hoy por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz será clave para saber qué ocurre con la ayuda a domicilio local desde mañana, cuando, en principio, la empresa Mararía se desentenderá del servicio. Así se concretó ayer tras una larga mañana de negociaciones cruzadas que, entre otros, tuvieron como protagonistas al director de la Seguridad Social en la Provincia, a diversos concejales de los grupos políticos y al propio alcalde, José Manuel Bermúdez.

Dicho informe se elaboró durante el día de ayer con total premura, pese a que los propios técnicos mostraron sus dudas sobre si era o no posible. Tras una conversación entre el concejal delegado del área social, José Ángel Martín, y el alcalde, el gobierno decidió acelerar ese informe para saber antes del consejo rector del IMAS de hoy las opciones legales con las que cuenta el consistorio para salvar la situación.

Entre ellas, y según fuentes asistentes a las reuniones, ni siquiera se descarta que el ayuntamiento exija a la empresa el mantenimiento del servicio hasta que se concrete la situación concursal que ha anunciado y que pedirá al juzgado de lo mercantil.

Durante la reunión con el director de la Seguridad Social, lo que sí quedó claro es que la corporación local no está dispuesta a ejercer de avalista de la compañía ante un posible aplazamiento e la deuda de hasta tres millones que mantiene la empresa. En ese caso, se podría alcanzar un acuerdo de hasta cinco años, avalando un máximo de 900.000 euros. Sin embargo, el consistorio considera que, de hacer eso, estaría reconociendo como propia esa deuda, algo que no se puede permitir ante las posibles consecuencias.

Esta interpretación, no obstante, choca con la de otros juristas que, según comentan a EL DÍA, tienen dudas de que esa condición de avalista en este caso suponga el reconocimiento de la deuda como propia por parte de la corporación local.

Diga lo que diga ese informe, sin embargo, lo ocurrido en la jornada de ayer no pudo evitar que los 200 trabajadores de Mararía y el sindicato que los representa en su mayoría (UGT) no solo mantenga la concentración de protesta prevista para las 13.00 horas de hoy por fuera de las casas consistoriales, sino que agudicen sus críticas.

Francisco Bautista, representante sindical, insiste en que, por tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes, porque así lo estipula la ley y el contrato, el servicio ha de garantizarlo y prestarlo el consistorio. No obstante, teme que el objetivo sea desmantelarlo y subraya que han entregado al IMAS el currículum de todos los trabajadores para que las 13 empresas a elegir cuenten con ellos para seguir con el servicio.

Grupos como SSP plantean, además, que se cree una nueva cooperativa gestionada por el consistorio y que asuma a los empleados.