El área de Seguridad Ciudadana, que dirige José Alberto Díaz, ha creado una nueva ordenanza de reductores de velocidad en el municipio, comúnmente conocidos como guardias muertos.
El documento, del que ya está terminado su borrador, ha sido elaborado conjuntamente con el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y tendrá que ir al pleno municipal para su aprobación inicial, que contará con un periodo de alegaciones y, si no existe ninguna, el documento será definitivo.
Díaz explica que este nuevo documento determina que es la señalización vial el medio utilizado para indicar, entre otros, las velocidades máximas permitidas, las reducciones de velocidad, las distintas precauciones y las atenciones en la conducción.
No obstante, existen vías en que, bien por su trazado, su sección o el comportamiento poco cívico, resulta conveniente aplicar otros medios adicionales como son los dispositivos relacionados con el trazado en planta como las miniglorietas o zigzag, las isletas separadoras, estrechamientos puntuales, el trazado en alzada donde se aplican estos reductores de velocidad y las bandas transversales, entre otros.
En definitiva, medios adicionales que complementen dicha señalización vial de forma que el viario garantice la seguridad y calidad de vida de todos los usuarios. Por todo ello, resulta conveniente adoptar ciertas especificaciones técnicas para que los reductores de velocidad y las bandas transversales de alerta que forman parte de la infraestructura viaria se encuentren orientados hacia la mejora de la seguridad vial.
El concejal indica que con esta nueva normativa "se pretende tener los instrumentos adecuados que amparen la colocación de estos elementos cuyas ventajas destacadas son el mantenimiento efectivo de la velocidad en valores reducidos y la identificación y protección de los pasos de peatones. Con ello, queremos mejorar la seguridad vial en diferentes zonas del municipio y la calidad de vida de nuestros ciudadanos".
Hasta el año 2008 no había regulación alguna sobre los reductores de velocidad en las carreteras estatales ni en las de ámbito provincial, insular o travesías y menos aún en las vías urbanas. Ello produjo un vacío normativo en los ayuntamientos, al tiempo que se fue desarrollando poco a poco una demanda vecinal que instaba a la colocación de los reductores.