La nueva Directiva de Defensa Nacional aprobada por el Gobierno incluye como una "amenaza a la seguridad" del país la crisis económica y establece que, pese a las restricciones presupuestarias, España debe dotarse de las capacidades necesarias que garanticen el poder de disuasión.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha presentado este miércoles a los medios el documento, que ayer fue avalado por el Consejo de Defensa Nacional, presidido por el Rey Juan Carlos, y que ha sido hecho público esta tarde.
El texto --de diez páginas y con el título de ''Por una defensa necesaria, por una defensa responsable''-- hace un repaso de la evolución del panorama estratégico y su evolución para España y establece cuáles deben ser los objetivos de la política de defensa y los pasos a dar para atenderlos durante esta legislatura.
Esta Directiva sustituye a la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2008 e incorpora nuevos riesgos y amenazas a la seguridad de España. La primera novedad de la que habla es precisamente "la crisis económica", que "actúa como una amenaza a la seguridad" y "obliga a tomar determinaciones y a proceder con toda cautela en el mantenimiento de las capacidades que se precisan para la defensa".
LA AUSTERIDAD, "IMPERATIVO NACIONAL"
El documento reconoce que, en momentos en que la austeridad es "un imperativo nacional", la defensa debe buscar la mayor eficiencia con el "menor coste social posible", pero avisa también de que "a pesar del contexto de estrechez presupuestaria España debe contar con las capacidades que garantizan la disuasión".
Dicho esto, la directiva también prevé una "necesaria transformación" de las Fuerzas Armadas, para que puedan hacer frente a los recientes retos estratégicos "en un momento de limitada disposición de recursos".
En concreto, prevé un "replanteamiento del actual diseño de sus estructuras", de manera que "se incremente la eficacia tanto en la gestión como en la obtención y el empleo de los recursos, promoviendo la concordancia de los recursos financieros a disposición de la Defensa con los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las Fuerzas Armadas".
Para el Gobierno, el "impacto negativo de la crisis económica" en las capacidades defensivas del país es uno de los tres rasgos esenciales que caracterizan la seguridad del país. Los otros dos son el incremento de la inestabilidad en el entorno cercano y la búsqueda de un vínculo transatlántico "más sólido".
Y, definiendo este panorama, se propone asegurar una España "fuerte" que pueda "mantener la influencia necesaria en el contexto internacional" para contribuir a su estabilidad y para preservar sus intereses en el mundo.
Además, la directiva incluye también por primera vez la necesidad de impulsar la industria nacional de defensa, a la que sitúa como "suministrador idóneo" de las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas, y compromete el apoyo gubernamental para su "presencia internacional", para garantizar su "permanencia y desarrollo".