TANTO la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) como la federación de partidos insulares que le siguió, las AIC, y, en consecuencia, su transformación posterior en partido único, Coalición Canaria (CC), han sido, en parte, en una gran parte, obra de EL DÍA. No nos duelen prendas en reconocer la aportación de este periódico a esa obra de décadas. Porque con ello creíamos que actuábamos en provecho de Tenerife y, por extensión, en beneficio de todo un Archipiélago que por aquellos comienzos de los años ochenta estaba a merced de los intereses de los dos grandes partidos estatales que aún hoy dominan políticamente esta tierra.
Ahora bien, después de esperar por la lógica transición hacia un proyecto más definido, y tras 19 años en el Gobierno autonómico, vemos con enojo que CC ha encaminado sus pasos, hace ya tiempo, hacia un nacionalismo mercantilista y mafioso, donde lo que importa es conseguir una cuota de poder para cada uno de los partidos que la forman, para cada una de las islas que están representadas en ella y para cada camarilla de cada líder de cada comarca y hasta ciudad. A eso hay que añadir que los representantes, diputados y senadores, de CC en Madrid han ido allí, no a reivindicar la soberanía o la independencia de Canarias, sino a mirarse a los ojos con sus colegas socialistas, a practicar la política pura y, en definitiva, a olvidarse del mandato que les dieron sus votantes.
Y mientras todo esto ocurría, Canarias ha venido siendo explotada, expoliada y aplastada por el colonialismo de un Estado que no entiende de peculiaridades; que no cumple sus promesas y que nos ve como a una colonia. Por nuestra parte, la de esta Casa, lo que hemos logrado con nuestras denuncias últimamente es que una parte de CC, sobre todo su presidente y la esposa de este, arremetan en los tribunales contra este periódico por cantarles las verdades. Paulino Rivero y Ángela Mena, goda política, de trato despectivo, que se cree señora castellana con derecho sobre las vidas y haciendas de hombres y mujeres, niños y niñas, nos llevan a los tribunales para tapar sus fallos garrafales, y hasta sus vergüenzas. Pero su tiempo se acaba, como ocurre con todos los dictadores. La historia demuestra que todos acabaron de mala manera, y los más recientes acontecimientos también. Véase la Primavera Árabe, que se vive actualmente.
Por supuesto, con esto no estamos diciendo que se repitan esos violentos acontecimientos, sino que eso es lo que podría ocurrir, Dios no lo quiera, en pura lógica y dado el nivel de indignación popular que hay en las Islas. Pero nosotros abogamos por un proceso tranquilo y sin estridencias hacia la independencia.
Mientras llega ese momento, pedimos, exigimos en nombre de tantos canarios que no tienen voz, que acabe este sufrimiento de personas que ya no tienen qué comer porque llevan años en paro; de personas que han perdido la atención domiciliaria estando impedidas; de padres que no pueden matricular a sus hijos en la universidad porque les han subido las tasas académicas; de familias que no pueden esperar 8 meses a que les entreguen la llamada prestación canaria de inserción, aunque sobre el papel la tengan concedida... y tantas otras situaciones que aparecen cada día en estas páginas como hechos demostrados.
Y para que todo eso cambie lo primero que tiene que ocurrir es que Paulino Rivero deje de ser presidente del Gobierno de Canarias; no hay tierra que aguante tres años más de este castigo que ha caído sobre nuestras cabezas. No podemos esperar nada de un necio político, sin ideas, sin preparación para la enorme tarea que tiene por delante, y sin intención de cambiar de una vez por todas la relación metrópoli-colonia que mantiene España con Canarias.
Una cosa más por el bien del Archipiélago: deberían suprimirse los ayuntamientos y dejar que gobernase un cabildo en cada isla. Eso es hoy perfectamente posible gracias a las nuevas tecnologías, que permiten gestionar municipios sin presencia física. No solo nos ahorraríamos dinero todos, sino que, además, desaparecería una clase política parásita, que está ahíta de los dineros de vecinos machacados a tasas e impuestos. Por supuesto, cada localidad conservaría sus particularidades, con su historia, sus archivos, sus distintivos, etc., y hasta su "sherif" para regular el orden, pero sin clase político-administrativa, que vive a costa del erario y que es innecesaria.