"Canarias vive un momento de deterioro progresivo de las condiciones de vida de su población caracterizado por un aumento de la pobreza, la exclusión social, el desempleo y la desigualdad, al tiempo que la inversión pública para luchar contra todos estos problemas no para de menguar". Con esta afirmación, los colegios oficiales de trabajadores sociales del Archipiélago critican -a través de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (RedEsscan)-, la postura defendida en los últimos meses por los miembros del Ejecutivo canario de que "los presupuestos de la comunidad autónoma tienen un marcado carácter social y priorizan en políticas sociales, sanidad y educación".
"El gasto que se destina por habitante y año a servicios sociales coloca a Canarias como la segunda comunidad autónoma por la cola, justo antes de Valencia, con un gasto de 126 euros; una cantidad muy inferior a la media estatal, que se sitúa en 280 euros", informan desde RedEsscan, para quienes "la brutal reducción presupuestaria de estas partidas en los últimos tres años no garantiza la atención básica de los colectivos más afectados por la injusticia social, como son la infancia, los mayores, toxicómanos, etc...".
Según los trabajadores sociales, "no se comprende" que el presupuesto se haya recortado "justamente cuando más demandas hay y cuando la única solución que les queda a miles de familias son los servicios sociales", en palabras de su portavoz, María Jesús Guedes, que detalla que "se habla siempre de no recortar ni en sanidad, ni en educación ni en servicios sociales, pero lo cierto que la última puerta a la que le queda por llamar a la gente con problemas es la de servicios sociales, porque ahí incluso acuden cuando no tienen fondos para pagar los libros de sus hijos o para sufragar medicamentos. Si esto también se reduce, no encuentran ninguna solución y pasan a engrosar la lista de personas en exclusión social".
Guedes recuerda que la tasa de de riesgo de pobreza en Canarias se encuentra por encima del 35%, es decir, 10 puntos por encima de la media nacional. "Tres de cada diez personas en Canarias están en riesgo de exclusión, lo que se traduce en más de 750.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza, sufren privación material severa y viven en hogares donde varios o todos los miembros de la unidad familiar están en situación de desempleo y, sin embargo, el Gobierno canario lleva a cabo una brutal reducción de los presupuestos que, además, tiene a los ayuntamientos contra las cuerdas".