El presupuesto máximo de gasto no financiero de Canarias para 2013 ascenderá a 5.769 millones de euros, según acordó ayer el Consejo de Gobierno, cumpliendo así con la obligación legal de fijar ese límite en todas las comunidades autónomas y después de aplicar los recortes y restricciones de déficit y deuda impuestos por el Gobierno de España.

Durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado martes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asignó a Canarias una deuda máxima del 12 por ciento del PIB para el próximo año, una cifra que obligará a reducir en 120 millones más el presupuesto de 2013.

A esa exigencia Canarias votó en contra, junto con Asturias. En días posteriores el Gobierno aseguró que no había margen para más recortes, aseguró que no se podrían cumplir y elevó su tono de confrontación con el Estado.

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad ha calculado el límite de gasto aprobado ayer siguiendo las directrices contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de la que se deriva, junto a ese máximo de deuda, un tope de déficit del 0,7 por ciento, entre otros aspectos.

El presupuesto de 2013 contemplará el descenso ocasionado por los nuevos límites de déficit y deuda, así como los recortes que aplicaron los Presupuestos Generales del Estado durante 2012.

Además, y cumpliendo con el compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias, se incluirá la reposición de los salarios de los empleados públicos tras la rebaja aplicada por el Gobierno de España este año y se incorporará como mayor ingreso la subida impositiva que entró en vigor el pasado 1 de julio.

"Injustos y discriminatorios"

El Gobierno de Canarias ha mostrado su rotundo rechazo a la imposición de los objetivos de déficit y de deuda emitiendo su voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al considerarlos "injustos y discriminatorios", según el consejero Javier González Ortiz.

A su juicio, estas restricciones impiden que las islas obtengan una mayor financiación destinada a los servicios públicos esenciales con el fin de compensar la constante disminución de los ingresos del Estado para sufragarlos.

"El Estado, ni cumple con su obligación de dotar de forma suficiente los recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales ni tampoco permite que estas deficiencias sean cubiertas por el Gobierno de Canarias con un mayor margen de deuda", señala.

El consejero ha recordado que las Islas se encuentran entre las autonomías menos endeudadas y entre las más cumplidoras con el objetivo de déficit a pesar de ser la peor financiada por habitante de España.

Canarias recibe 812 millones de euros menos que la media del conjunto de las comunidades autónomas, una circunstancia "injusta que sitúa en desigualdad a los canarios y que, de no producirse, las islas no tendrían que acudir al déficit".

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, garantizó que los objetivos prioritarios del Ejecutivo canario seguirán siendo el mantenimiento de las políticas y los servicios que afectan a los ciudadanos, a los que, según ha dicho, "hace daño" el Gobierno con las políticas que ahogan a las comunidades autónomas, que son las responsables de ofrecerlos.

"Estamos hablando de recursos del Estado necesarios para atender los pilares de una sociedad en la que todos tenemos los mismos derechos", aseveró en su comparecencia, en la que también afirmó que si el Gobierno del PP fuera justo con Canarias, esta comunidad "no tendría ningún problema de financiación o de déficit".

Rivero recriminó al Estado que "la única forma que haya encontrado para no cumplir con su programa electoral es echar la culpa a los demás".