El sindicato UGT, mayoritario entre las 187 trabajadoras de la empresa Mararía, presentó el pasado martes la anunciada denuncia contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por la vía contencioso-administrativa por entender que el consistorio ha incumplido la ley y las propias condiciones del contrato suscrito hace 10 años con la compañía en lo concerniente a la ayuda a domicilio local.

Francisco Bautista, representante de los trabajadores, considera que el gobierno, con su decisión de no subrogar a los empleados desde el pasado miércoles, ha incumplido los compromisos del propio concurso que convocó y se muestra convencido de que los juzgados les darán la razón.

Eso sí, el sindicalista le ha pedido a la empresa que los despidos no se hagan de forma individualizada, sino colectiva, ara que quepa aún la posibilidad de subrogar el servicio. Bautista confía en que esto se confirme en unas dos semanas y, a partir de entonces, reitera que presentará una denuncia contra el ayuntamiento y otra contra la cooperativa por despidos improcedentes.

Por su parte, el edil responsable ahora del área social, José Ángel Martín, subrayó que han logrado garantizar la ayuda a domicilio a las personas con peor situación de dependencia y que los técnicos del IMAS, que concentran todos sus esfuerzos en esta emergencia, analizan ahora los expedientes de personas que suelen tener la compañía de una trabajadora durante una hora diaria, bien simplemente para hacer compras o para acompañarla.

Mientras que UGT asegura que hay unas 800 personas que, de momento, no disponen del servicio, el ayuntamiento las rebaja a unas 670, si bien confía en que, a mediados de este mes, esté cubierto el 100% de los casos que tienen derecho a esta prestación por minusvalías o problemas de dependencia.