Las empresas de reciclaje de metal suelen estar en el punto de mira cuando se habla del robo de cobre, puesto que reciben parte de los cables sustraídos en calles, instalaciones públicas, naves industriales, obras o solares. Ahora, los responsables de las sociedades legalmente establecidas para realizar dicha actividad señalan a otras empresas que operan ilegalmente y que, además, exportan la mercancía robada a través del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Por eso, la Asociación de Empresarios Recuperadores de Siderometalurgia (AERS) de Tenerife, que forma parte de la Federación de Empresarios del Metal de Tenerife (Femete), piden a las fuerzas de seguridad y al personal de Aduanas que apliquen el recién instalado escáner del puerto capitalino, entre otras cosas, para controlar estos movimientos.

El presidente de AERS, Celio Rodríguez, comenta que el intrusismo es uno de "nuestros principales problemas", en un subsector industrial "que no destruye puestos de trabajo, sino que los crea".

Rodríguez opina que desde Aduanas no se hacen controles a contenedores que exportan cobre de "extraña" procedencia. Y advierte de que el escáner está para analizar las importaciones y las exportaciones. A su juicio, las empresas que exportan esos contenedores declaran que se trata de "materiales varios o efectos personales; en realidad, no se sabe, tratamos de buscar pistas".

En cualquier caso, la patronal de las empresas de reciclaje tiene claro que buena parte del cobre sustraído sale por el Puerto. ¿Hacia dónde? Celio Rodríguez comenta que tampoco hay certezas, aunque una de las hipótesis es que se envíen al mercado oriental (China o India, por ejemplo), o bien a puertos de la Península. Y no solo hay cobre, también aluminio, chatarras o hierros varios.

AERS afirma que "nos parece bien que nos controlen, pero que también investiguen a los que actúan al margen de la ley". Y Rodríguez apunta que la clave está en Aduanas, el Puerto de Santa Cruz y la utilización del escáner.

Legales e ilegales

Otro portavoz de una empresa de reciclaje de la zona metropolitana advierte de que, "hay empresas que cumplen los requisitos legales, laborales, medioambientales y fiscales, pero hay otras que no". Y que esas sociedades "ilegales" recogen el cobre en un contenedor y lo sacan de la isla en dirección a países extracomunitarios.

Dicho encargado comenta que, por parte de los medios de comunicación, "resulta muy sensacionalista meter en el mismo saco a todas las empresas que tratan metales" cuando se habla de robo de cobre. El encargado de esta conocida compañía señala que en una sociedad mercantil se busca ganar dinero, "pero de forma legal, para poder dormir tranquilos y cobrar a final de mes".

Este representante, que prefiere que no se le cite ni a él ni a su empresa, comenta que el robo de cable de cobre se ha convertido en un problema social grave que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Indica que "todos los días enviamos un listado con el material que se compra". El pasado jueves hubo en su empresa una inspección de la Policía y a los agentes se les mostró las existencias de cobre, "así como otra información complementaria de interés para su labor".

Detección

Reconoce que "la experiencia en la recuperación de chatarra te permite diferenciar entre aquellos metales que han podido ser robados y los que no, para evitar comprar los productos sustraídos previamente". Apunta que "hay compras que se desechan porque pueden dar problemas". Fuentes policiales comentan que, a simple vista, por la reincidencia en la venta de cobre y por los comportamientos se puede saber quién es un delincuente y quién no. En esa línea, un mando de la Policía señala que, en la mayoría de los casos, los trabajadores de las empresas de reciclaje saben perfectamente qué ofertas pueden ser resultado de robos y cuáles no.

Hace un par de meses, dos trabajadores de una sociedad chatarrera fueron imputados por el delito de receptación (adquisición de un producto a sabiendas supuestamente de que fue robado).

En esa misma operación de la Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna fueron detenidas unas siete personas en total, por la sustracción de una cantidad considerable de cobre. Nada más y nada menos que seis toneladas de cable fueron sustraídas en las naves que la compañía Acciona posee en la zona de Geneto. Y en lo que va de año, tan solo en La Laguna han sido detenidos más de una veintena de personas por este tipo de delitos. Muchos de ellos son reincidentes y tienen antecedentes por esta "especialidad".

Gasto para La Laguna

El Ayuntamiento lagunero gastó entre septiembre del año pasado y junio unos 280.000 euros para reponer los 110.000 metros de cable robado en alumbrado público, según los datos ofrecidos por el primer teniente de alcalde, Javier Abreu. Uno de los núcleos más afectados por la oleada ha sido Finca España, aunque también se han visto afectadas otras zonas del citado municipio, como Geneto, Valle Tabares, Taco, así como las urbanizaciones Aguere y Las Nieves. El precio del kilo de cobre puede oscilar entre los tres euros (con el plástico) y los 5 o 6 euros en el caso de que esté limpio.

Una de las medidas adoptadas para frenar este fenómeno por algunas empresas consiste en que los particulares sólo pueden vender 15 kilos de cobre en cada ocasión. Pero la picaresca existe. Y en la Policía sospechan que, a veces, en determinadas naves, algún delincuente puede vender una cantidad mucho mayor con los documentos nacionales de identidad de familiares cómplices. Ante esta situación, una de las alternativas que se estudian como viables para frenar el actual problema es limitar la venta a empresas especializadas o autónomos.

Al portavoz de una empresa de la zona metropolitana dicha opción le parece positiva y aclara que "me parece bien todo lo que sea más control para evitar robos". Este trabajador señala que "hay que limitar por ley la venta que realizan particulares".