NO SOLO se verán afectados los mayores, sino que la Ley de Dependencia perjudicará las expectativas económicas de aquellos trabajadores que cuidan y atienden a una población que, en Canarias, está cerca de las 13.000 personas. Cuando se entra someramente en este difícil y delicado mundo, donde tantos se ven implicados por mor de unos trastornos de los que, hoy día, aún se desconocen su procedencia y evolución, resulta complicado entender cómo se toman ciertas medidas desde el Gobierno del Estado y, sin pestañear, los responsables del ministerio correspondiente firmen un recorte para nuestro Archipiélago de 8 millones de euros ("maltrato", Rivero dixit). Aunque la consejera, Inés Rojas, ha propalado que en esta Comunidad no se cerrarán centros de dependientes y mantendrá su financiación, la realidad nos lleva a sospechar que las buenas intenciones están reñidas con la política de rigidez total de este Ejecutivo que hoy zarandea al país.

El cuidador o cuidadora (retengan este dato) cobra la increíble cantidad de ¡500 euros! Las noticias que nos llegan apuntan a que esa remuneración quedará menguada (tal vez a la mitad), dejarán de pertenecer a la Seguridad Social y, por si fuera poco, deberán asistir a una serie de cursos de capacitación. Como comprobarán, no todos pueden disfrutar de los 208.000 euros anuales que, como agua de mayo, espera el juez Dívar tras las deliberaciones del CGPJ. Son distintos prójimos.

La ministra, refiriéndose a este singular colectivo (enfermos y trabajadores), ha manifestado que el sistema de atención a la dependencia está en una "situación límite". Mariano Rajoy, con esa visión de futuro que lo caracteriza, declaró que "la dependencia no es viable". Se pretende elegir el camino de forma que, si hasta ahora recibían más dinero las comunidades con más número de usuarios y con una gravedad mayor, ahora se tendrá en cuenta la gestión que se desarrolle en su red de servicios. De modo que nuestra consejera debería tener en cuenta únicamente las frías cifras de los 8 millones de recorte y la prioritaria atención a las personas que sufren una gran dependencia para entrar a formar parte... de las listas de espera.

Esto recuerda tiempos pasados, cuando no existía la austeridad porque era imposible ser moderado. La precariedad actual lo mueve todo por el camino de la inestabilidad. Aquella persona, de cuyo nombre no queremos acordarnos, vive al otro lado, es decir, en la opulencia, porque siempre ha respirado pletórica de todo. No le interesa este mundo conducido por individuos que firman papeles y destrozan la vida de miles de conciudadanos. Todo está bien y así seguirá hasta que surja un despertar colectivo.

Castilla y León es la comunidad que mejor atiende a sus dependientes. Le siguen el País Vasco y Andalucía, mientras que los últimos lugares los ocupan Valencia, Canarias y Baleares. Otra vez nuestras Islas situadas en los últimos lugares de cualquier ranquin. Y los políticos continúan siendo los mismos. Estos nuevos requisitos que llegan desde Madrid, aquí, seguro, se volatizarán. Cada cual hará su propia interpretación, y la acreditación del horario de trabajo, la convivencia con el dependiente y el compromiso a recibir cursos de la Administración tomarán las de Villadiego. Las familias españolas, qué duda cabe, quieren cuidar de sus mayores dependientes. Pero, asimismo, precisan del apoyo de las administraciones. Unos datos que facilitamos a continuación revelan ese respaldo que se solicita.

Aquí, en Tenerife, se deben a una entidad en concreto 48.000 euros, correspondientes al segundo trimestre del año. De Bienestar Social, 191.204 en uno de los centros de día, más otros 106.602 de los servicios realizados entre febrero y junio, más una cantidad correspondiente a julio en torno a otros 21.000 euros. De Bienestar Social, además de lo reseñado anteriormente, 13.000 euros que corresponden a la ¡devolución! de un aval que hace meses tenían que haber devuelto. En resumen, unos 380.000 euros que se pagan a tiempo vencido, esto es, después de haber realizado el trabajo y con muchos meses de retraso. ¿Sra. Rojas?

La crisis económica deja al descubierto estas cifras que no llegan ni a rozar a tres sueldos de exdirectivos o exministros, pero sí reflejan una vergonzosa realidad, que es la que hoy se vive en España: una auténtica regresión social. Parece que a los prebostes les importa un rábano que, en estos últimos tres años, el número de personas que acuden a los servicios sociales se haya triplicado.