Canarias

Los sindicatos llaman a atender a los inmigrantes aunque el Estado lo prohíbe

El grueso de los trabajadores de la sanidad pública canaria no está de acuerdo con dejar sin atención médica a los enfermos cuya residencia no es legal, por lo que los sindicatos harán una campaña informativa sobre la objeción y la insumisión para dejar sin efecto ese punto de la reforma en los hospitales de las Islas.
9/ago/12 01:13
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G. MAESTRE, S/C de Tenerife

A menos de un mes de que la reforma sanitaria entre en vigor y limite la asistencia a las personas con residencia legal en España, los empleados de la sanidad pública canaria no están dispuestos a cumplir con esa cambio normativo. La indignación es tal, que según los principales líderes sindicales de Canarias, en los próximos días ser realizarán campañas para informar a los sanitarios sobre las opciones que tienen a su alcance para declararse objetores de conciencia o insumisos.

"La sanidad recibe golpe tras golpe desde hace meses y los trabajadores ya no pueden más y lo último es que carguen sobre su conciencia con no atender a alguien que está enfermo, por eso hacemos un llamamiento público a la desobediencia de esta ley, porque es la única manera que ahora mismo existe para que nadie se quede sin atender", declaraba ayer el delegado sindical y miembro del comité de empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Guillermo de Loño.

"Los trabajadores de los centros sanitarios de Canarias, por el momento, lo único que saben es que a partir del 1 de septiembre muchos usuarios no tendrán derecho a la sanidad pública, pero nada más, porque tampoco la Consejería de Sanidad ha aclarado cuál es su postura al respecto y si cumplirá la ley o se negará a hacerlo. De lo que se trata con este llamamiento a la desobediencia es de que siempre prevalezca el criterio médico y no el administrativo, de manera que si un facultativo decide que un paciente tiene que ser visto por un especialista o hacerse determinadas pruebas, no se paralice en admisiones por un criterio económico".

Así, desde CCOO recuerdan que "eso de que los inmigrantes saturan la sanidad y son los causantes de la insostenibilidad del sistema es un tópico que no se ajusta a la realidad, puesto que la gran mayoría son personas jóvenes que no tienen ninguna patología ni generan gasto sanitario y, sin embargo, contribuyen con su trabajo".

Para el sindicato UGT, "la objeción de conciencia es la única salida a esta situación", tal y como detalló ayer el secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Francisco Bautista, para quien "hay unanimidad entre el personal médico y de enfermería en que no se van a negar a atender a nadie, sea cual sea su situación y digan lo que digan las leyes".

No obstante, Bautista mostró su preocupación por el hecho de que los trabajadores que se encargan de la administración no estén tan implicados como el resto.

"Vamos a hacer circulares y todo tipo de gestiones para que todos los trabajadores de la sanidad pública, y no solo los médicos y enfermeros, atiendan a los pacientes y contribuyan a que la sanidad siga siendo pública, universal y gratuita, sin ningún tipo de discriminación", manifestó ayer.

Sin embargo, para Bautista existe un "peligroso riesgo" de que haya sitios en los que sí se va a atender a los inmigrantes y en otros no, "según la conciencia o implicación del trabajador de turno", por lo que aseguró que "la Consejería de Sanidad ya está tardando en hacer una instrucción en la que aclare si castigará este tipo de comportamientos o, por el contrario, los protegerá porque considera que la garantía de la asistencia sanitaria debe primar por encima de todo, como ya han hecho País Vasco, Andalucía y Cataluña".

Y sentenció: "Lo que no puede ser es que una persona acuda al médico porque se encuentre mal y, como no lo atienden porque está en situación irregular y no tiene dinero para sufragarse un seguro o un médico privado, se desplome delante de la puerta de un centro de salud o de un hospital".

Enfermos y en la calle

En un sentido muy parecido se manifestaba ayer la portavoz del sindicato de enfermería Satse, Ramona Mendoza, al considerar "un grave error pretender dejar en la calle a gente enferma".

"Nos guste más o nos guste menos entre nosotros vive mucha gente que no tiene papeles y, precisamente por esa situación, se van a quedar sin asistencia sanitaria. ¿Esto es lo que queremos?", se cuestionó.

A su juicio, "el grave problema a solventar no está el tejado de los médicos o enfermeras, porque nadie va a un centro de salud y entra directamente en una consulta; se han de pasar unos filtros, darte volantes, tener una historia, una cita.... y esto va a ser difícil de solucionar incluso si el personal se rebela contra la ley".

Así, alerta del "problema de salud pública" que supondrá esta medida si finalmente llega a aplicarse y pone como ejemplo el caso de una persona en situación irregular y sin hogar a la que se le diagnostica tuberculosis.

"Se le dice lo que tiene y se le manda a la calle, sin posibilidad de hacerle seguimiento en su tratamiento ni de que compre sus medicamentos y sabiendo que probablemente contagiará a todo el que esté a su alrededor".

 

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