Cinco millones de euros. Esa es la millonaria cantidad que deberá pagar el Ayuntamiento de La Laguna -aunque sobre esto hay alguna discrepancia- por unos terrenos que el Plan General de Ordenación de este municipio del año 2000 reservaba para expansión de la universidad.
Así lo dicta una sentencia del Tribunal Supremo (TS), conocida esta misma semana, que ratifica de esta forma dos fallos anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en esta línea. Del último de ellos, de octubre de 2010, dio cuenta este periódico en su edición del pasado 19 de febrero.
En él, el TSJC cifraba ya en 5 millones de euros la cantidad que se debía abonar a los dueños de unos terrenos en los que nunca se llegó a construir, y que están afectados por la huella sonora del aeropuerto de Los Rodeos.
Los propietarios de esas tierras, que abarcan una superficie de unos 31.000 metros cuadrados, iniciaron su recorrido judicial después de que, tras cinco años de ejecutada la expropiación por parte del Ayuntamiento de Aguere, en 2000, ni hubiesen sido indemnizados ni hubiesen podido hacer uso de la citada propiedad.
Pero al margen de la última decisión judicial del Supremo, favorable a los propietarios de los terrenos, la controversia se traslada ahora a las administraciones implicadas: el citado consistorio de La Laguna y la Consejería regional de Educación.
Dos administraciones
Del conflicto se desprende que existen dos administraciones expropiantes del total de la parcela: el Ayuntamiento de La Laguna o la Consejería de Educación -este aspecto aún esta por dilucidar- deberían hacerse cargo de la indemnización resultante de la expropiación de 24.000 metros cuadrados, porque el planeamiento vigente de La Laguna -el PGO aprobado en 2000- considera esa parcela de uso docente universitario público; mientras que la Consejería de Obras Públicas se encargaría del resto de la indemnización por el trozo de parcela que está incluida en el Plan Territorial Especial del Viario del Área Metropolitana.
Es más, el Ayuntamiento de La Laguna presentó en febrero, tras el último fallo del TSJC, un incidente de ejecución de sentencia con el objeto de que aclarara cómo debía hacerse efectiva, y activó el procedimiento administrativo para repercutir a la Comunidad Autónoma el coste de la expropiación, al entender que es la Administración interesada en obtener el dominio sobre esa parcela. Sobre estos dos asuntos no se conoce la última decisión judicial.
Ayer, las fuentes municipales consultadas remarcaron que desde hace años el Ayuntamiento ha reclamado por la vía administrativa que el Gobierno canario asuma el coste de la expropiación, en tanto en cuanto es el "beneficiario" de los terrenos.
Por su parte, desde la Administración regional declinaron manifestarse sobre el asunto aduciendo que desconoce el último fallo del Supremo.