Llueve sobre mojado. La ya altísima tasa de paro -que en Canarias afecta a uno de cada tres ciudadanos en el mercado laboral, 370.700 personas- corre el riesgo de incrementarse con rapidez gracias al decreto que prepara ahora el Gobierno central y que desarrolla la forma en la que todos los niveles de la Administración -Estado, comunidad, cabildos y ayuntamientos- podrán tramitar los expedientes de regulación de empleo, los tan temidos ERE que llevan tiempo campeando entre las empresas privadas. Aunque el Gobierno regional insiste en descartar que lo vaya a emplear, lo cierto es que UGT no se fía y está convencida de que la tentación de acudir a esta vía para recortar los gastos es muy alta, por lo que aboga a la "coherencia política" del pacto de gobierno -CC y PSOE- para que su sospecha no llegue a materializarse.

En este sentido, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, recuerda que el Ejecutivo central se limita ahora a desarrollar lo que ya estaba previsto en la reforma laboral. Lo que cambia es que esta opción, hasta ahora una mera posibilidad, toma forma. En concreto, explica el dirigente sindicalista, la medida afectará a los empleados laborales y fijos de la función pública -que son lo que cotizan al paro-. Por el contrario, los funcionarios quedarán excluidos de la aplicación de los ERE.

Y lo hace justo en el mismo momento en que el propio Estado, las comunidades y el resto de las administraciones están buscando la manera de recortar sobre lo recortado para cumplir con las exigencias establecidas desde arriba. En el caso de las autonomías, empujadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en su última reunión impuso el techo de gasto y ratificó el objetivo de déficit tanto para 2013 como para 2014 y que supondrá, según el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, otro hachazo a los presupuestos canarios de 120 millones adicionales alimentado, en parte, por la deficitaria financiación autonómica para el Archipiélago.

Con este panorama presente, Bautista ve la situación muy complicada y cree que la tentación de las administraciones de recortar el capítulo uno -el correspondiente al gasto de personal- mientras intentan hacer cuadrar los números será muy alta. Y es que espera que la aprobación del decreto del Estado coincida en el tiempo con la elaboración del borrador presupuestario.

"No es una opción"

A los temores de Bautista responde desde el Gobierno regional el director general de Función Pública, Aarón Afonso, que asegura que despedir a laborales y empleados fijos "no está en los planes" de la Administración canaria. "Sencillamente, no se baraja, no está sobre la mesa, nadie lo ha propuesto y nadie lo contempla", ataja en seco ante el planteamiento de Bautista.

Pero el dirigente de UGT teme que a partir de septiembre, el Estado inaugurará la aplicación de los ERE en la función pública, "y el resto de las administraciones no se quedarán atrás mucho tiempo", insiste, convencido de que la presión para cumplir con las exigencias presupuestarias las obligarán a replantearse su postura en esta materia a pesar de que la comunidad autónoma -hasta ahora- ha insistido en justificar los "esfuerzos" a los empleados públicos -rebajas salariales y de otros tipos- a cambio de mantener el empleo.

"Ya esto mismo pasó por exigencia de Bruselas en Grecia, Portugal, Irlanda y hasta en Italia, Alemania y Reino Unido", recuerda. "Y en ningún país se había hablado de eso antes", añade. Después, explica Bautista, el Estado traspasará la presión que recibe de Europa a las comunidades, y estas a las administraciones locales. "Es importante que el Ejecutivo canario mantenga la coherencia política al manejar esa presión, pues habrá menos dinero de Madrid y Bruselas para los presupuestos y más necesidad de reestructurar las cuentas", alerta.

Pero Afonso insiste en que "no hay ninguna variable en las últimas semanas" que lleve a pensar que el Ejecutivo regional optará por efectuar ERE en la Administración pública. Aunque admite la posibilidad que abre el decreto que prepara el Estado para que las autonomías los lleven a cabo y que la norma "facilitará" el despido público, defiende que en el ámbito canario "no se ha contemplado" y recuerda que, hasta la fecha, la comunidad ha realizado "todos los esfuerzos" necesarios para mantener el empleo público.

"No es un escenario que a día de hoy se esté barajando", remarca Afonso al tiempo que justifica el planteamiento de UGT en el marco de las opiniones al margen del debate y los planteamientos del Gobierno canario. De hecho, apunta, el Ejecutivo aprobó la semana pasada el techo de gasto para 2013 por una cuantía cercana a los 5.700 millones de euros que incluye, entre otros conceptos, los gastos de personal con las retribuciones de los empleados públicos en "idénticos" términos a los de 2012, sin contar con eventuales rebajas en el capítulo uno de los presupuestos autonómicos. El Ejecutivo regional presentará alegaciones al borrador del decreto esta semana al entender que incluye aspectos que deben modificarse.

el dato

5.700 millones es el techo de gasto regional de 2013. No prevé bajar la plantilla