El Memorando de Entendimiento firmado entre España y la Unión Europea para recapitalizar la banca nacional con un tope de 100.000 millones de euros procedentes del fondo de rescate establece que las entidades del Grupo 1 (BFA-Bankia, Banco de Valencia, NovaGalicia y CatalunyaCaixa), que son las que presentan mayores déficit de capital y precisan de fondos públicos, deberán repartir el coste de su saneamiento entre sus accionistas, tenedores de preferentes y deuda subordinada. Solo se libra de pasar por caja a los ahorradores que tienen depósitos en estas entidades

El objetivo de esta medida, según se indica en el propio contrato del crédito, es tomar todas las cautelas posibles para minimizar el coste de la restructuración para los contribuyentes. De ahí que, de entrada, solo se exima de contribuir al saneamiento de las entidades financieras en apuros a las personas que hayan constituido depósitos en las que finalmente sean rescatadas, los denominados depositantes.

Así lo aseguró ayer la agencia de calificación Fitch en un informe sobre este memorando en el que revela que éste incluye reformas "de largo alcance", entre ellas la creación de un banco malo para segregar los activos tóxicos, el reparto del coste de la reestructuración entre los inversores y la imposición de duras exigencias de capital.

"Aunque el memorando pretende ser la reforma final del sector bancario español, Fitch se mantiene cauta sobre este punto, dada la difícil situación económica y las condiciones del mercado español", apuntó la directora gerente del departamento de instituciones financieras de Fitch, María José Lockerbie.

La agencia recuerda que el 90% del sector, 14 grupos bancarios, están sometidos a un test de estrés externo para determinar sus necesidades de capital y, en definitiva, si necesita ser reestructurado, recapitalizado, o liquidado de manera ordenada.

La calificadora, que insiste en recordar en su informe que el coste de reestructuración será compartido con los accionistas de los bancos, así como con los inversores que tienen deuda subordinada y acciones preferentes, pone el foco sobre los propietarios de deuda no subordinada, aquellos que en teoría cuentan con más privilegios a la hora de recuperar su dinero en caso de impago. El memorando no deja claro, apunta Fitch, si los propietarios de deuda senior (deuda no subordinada) también pagaran su parte en la recapitalización.

Otro de los puntos singulares de la banca española, prosigue el informe de Fitch, es que una gran parte de estos instrumentos financieros se han vendido, no a inversores institucionales, sino a particulares a través de las sucursales. "Esto puede provocar problemas legales y reputacionales relacionados con unas prácticas de ventas inapropiadas", apostilla.

Lo cierto es que, de momento, la Comisión Europea no ha aclarado si estos inversores también se verán afectados por las quitas obligatorias que imponen las condiciones del rescate financiero.

Así las cosas, la agencia de medición de riesgos considera que todos los acreedores de los bancos españoles nacionalizados y que necesiten dinero público sufrirán pérdidas.