La deuda pública canaria que vence en los dos próximos ejercicios ronda los 667 millones de euros. La cifra sería un respiro para la comunidad, que este año debe afrontar una amortización mucho mayor -713 millones- si no fuera porque los inversores no parecen dispuestos a pagar un tipo de interés "razonable" a la comunidad para financiarse. Además, la parte de la banca que todavía está dispuesta a prestar a las administraciones también encarece el precio del dinero, por lo que el escenario se presenta complicado.
Ahora el Gobierno tiene la mirada puesta en cómo terminar este ejercicio fiscal. Tras negar una y otra vez que vaya a adelantar el cierre del ejercicio fiscal y que vaya a necesitar el dinero del fondo de liquidez -lo que en la práctica se ha equiparado a un rescate, aunque tanto el Ejecutivo regional como el estatal se empeñan en decir lo contrario-, la Administración canaria aún está a la espera de algún mecanismo que le dé oxígeno a su Tesorería y proporcione recursos para pagar la deuda, además de los otros gastos.
En todo caso, el martes pasado el presidente regional, Paulino Rivero, dio un giro al mensaje trasmitido hasta entonces y sugirió la posibilidad de acudir al fondo de liquidez al señalar que la comunidad tiene autorización para endeudarse por 600 millones de euros, parte de los cuales podría solicitar a "la entidad u organismo que ofrezca las mejores condiciones para los créditos", una declaración idéntica a la que el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, efectuó el pasado jueves al abordar la posibilidad de solicitar el rescate para Canarias.
Eso sí, ambos han dejado claro que al no conocerse todavía las condiciones para acceder al fondo de liquidez -que ni siquiera cuenta con la dotación prevista de 18.000 millones debido a la reticencia de la banca extranjera a financiar las operaciones necesarias para completarlo- es aún demasiado pronto para apuntarse al rescate, a diferencia de lo que ya han manifestado comunidades como Cataluña, Valencia o Murcia.
Mientras se despeja el panorama, lo ya que tiene claro el Gobierno canario -porque así lo explicó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera- es que si las Islas acuden al fondo de financiación, lo harán para pagar en primer lugar las deudas contraídas con la banca extranjera; en segundo lugar, con la banca nacional, y de último, para atender los compromisos incluidos en los presupuestos regionales.
Así, desde ese encuentro -celebrado el 31 de julio- la Consejería de Economía y Hacienda viene conversando con la banca nacional para renegociar el calendario de pagos, proceso que el Gobierno central descartó llevar de forma directa para dejarlo en manos de las comunidades tras imponer mediante un acuerdo político solo sustentado por las autonomías del PP un techo de gasto y un objetivo de déficit que disgustaron al Ejecutivo regional.
En todo caso, banca y sindicatos -que no suelen coincidir-, ven inevitable que el Gobierno pida el rescate. Mientras CCOO Canarias teme que la UE tardará demasiado en implantar los mecanismos que evitarían el rescate de España, Renta4 estima que es una cuestión de tiempo ya que el Gobierno regional preferirá -tal y como ya ocurrió con las subidas impositivas o los recortes presupuestarios- a que el Gobierno central se adelante. En todo caso, ven improbable que Canarias pueda evitar el rescate si España se ve abocada a solicitarlo, escenario este último que ven más probable para el país.