La consejera de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, la socialista Ana Lupe Mora, se planteaba el pasado miércoles, mientras comprobaba las labores de control y extinción del incendio declarado en esa madrugada en los altos de Los Realejos, que quizás convendría pedirle al Ejército que vigile los montes durante las olas de calor u otros momentos críticos ante la acción de los pirómanos o las simples imprudencias. Ayer, sin embargo, y en declaraciones a EL DÍA, anunció que, en las últimas horas, las distintas fuerzas de seguridad (Guardia Civil, sobre todo, aunque también las policías Nacional, Autonómica y Local, así como Protección Civil y voluntarios) se han prestado a incrementar al máximo la vigilancia en las principales vías de acceso a las áreas verdes de la Isla y a pistas forestales en esos días claves.
Con esta medida, que aún se ha de concretar mucho más mediante un protocolo de actuación en reuniones futuras con dichos cuerpos de seguridad, la consejera confía en que exista mucho más control y se reduzcan las opciones de los pirómanos para desarrollar sus destructivos planes incendiarios.
Según señala, la idea de recurrir a los militares se ha desechado al comprobar la predisposición del resto de fuerzas de seguridad. De hecho, y como hiciera el pasado miércoles, recalca que la Guardia Civil ha intensificado su vigilancia en los accesos al monte desde este miércoles, tras los diversos conatos, con claros indicios de intencionalidad, en Paso Alto (Los Realejos), Aguamansa (La Orotava), La Esperanza (El Rosario) y Vilaflor, entre otros.
Lupe acudió ayer, junto al presidente insular, Ricardo Melchior, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, y el consejero de Seguridad, José Antonio Valbuena a una reunión con los alcaldes de El Tanque, Los Silos, Buenavista y Santiago del Teide, los municipios afectados por el incendio del pasado fin de semana. A la cita asistieron también técnicos de diversas administraciones y se analizó, sobre todo, las fórmulas posibles para que el Cabildo y otros organismos puedan facilitar al máximo la limpieza y explotación de las fincas particulares, que supusieron el 95% de la superficie quemada en esos municipios.
Aunque aún no se ha concretado nada y todo dependerá de próximas reuniones, la consejera indica que intentarán eliminar o facilitar el mayor número de trabas administrativas actuales para que existan incentivos que motiven a los propietarios de fincas y huertas a dedicarlas a cultivos o, por lo menos, limpiarlas.