El Gobierno regional tiene ya preparado un recurso contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al entender que el mecanismo previsto en esa norma -que permite al Estado intervenir las comunidades autónomas de forma casi automática cuando incumplan el objetivo de déficit que imponga el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)- desborda la constitucionalidad. El Ejecutivo central lo sabe y justo antes de vencer el plazo para formalizarlo ante el TC, accedió a negociar su contenido.

Entre otros argumentos, la Administración regional planteará su rechazo a que el Estado "aplique el rodillo" en la intervención de las autonomías, que está regulado en supuestos "muy específicos, pero que el Gobierno central lo pone muy a las bravas y se basta con una simple orden de Hacienda".

Así lo explicó ayer el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, que coordinará el proceso -que se iniciará el próximo mes- en el marco de las reuniones de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Canarias tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del acuerdo adoptado por este órgano y que contempla el inicio de las negociaciones. Además, el acuerdo contempla la designación de un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación "la solución que proceda".

Al inicio, aclaró Ríos, el Estado se había negado a revisar la ley, pero luego cambió de opinión "quizás para no enviar el mensaje de que solo cuenta con el apoyo de las autonomías del PP". Este giro llevó al Gobierno canario a dejarle claro a la Administración central que si percibe que el proceso es solo una maniobra dilatoria, presentará el recurso ante el TC.

Será en septiembre, después del primer encuentro, cuando el Gobierno canario tomará la decisión definitiva sobre lo que hará con el recurso. El proceso ya comenzó este mes con la coordinación interna entre la Consejería de Hacienda y Presidencia del Gobierno a fin de recabar la información necesaria de forma que esté preparada para llevar a la reunión de septiembre, que también abordará el REF, el ITE y la reforma del sistema de financiación autonómica, entre otros.

El viceconsejero de Hacienda y Planificación , Jesús Velayos, ratificó que se trata de una vía amistosa para abordar este tipo de asuntos que no anula la judicial, pero m atizó que "las esperanzas de que el Estado rectifique son escasas".