Desde hace tres meses, las empleadas de Mararía continúan sin recibir el dinero que les corresponde por el trabajo realizado en la empresa, por lo que un gran número de ellas, extranjeras y de origen sudamericano en su mayoría, desean ser repatriadas para mejorar su situación actual.

Sin embargo, muchas de ellas, como Esperanza Minda, nacida en Ecuador, no disponen del dinero necesario para viajar de vuelta. "Muchas quieren regresar a casa porque aquí no tienen familia ni han cobrado, no les queda otra que huir, yo misma desearía volver a mi tierra natal, que no la piso desde 16 años, pero no puedo, este mismo verano iba a visitar a mi gente el 1 de septiembre, pero me siento encadenada aquí hasta ver qué sucede", dice Minda, y añade: "Casi todas las personas del personal de Mararía eran inmigrantes y necesitan ese dinero, estamos tan desesperados que devolveríamos hasta nuestra residencia".

Las afectadas, tal y como añadieron, se ven desesperadas y sin posibilidad para comprar "ni un litro de leche, ni de financiar la educación de sus hijos", por lo que la última solución que encuentran es el exilio, pero se les ha arrebatado hasta la posibilidad de "escapar". El Gobierno central no dispone de ayudas para la repatriación de inmigrantes, por lo que se ven entre la espada y la pared, sin ayudas públicas y sin familia que les apoye en muchos casos.

Otras de las damnificadas, como María Inés, de Bolivia, se sienten "utilizadas" y con ganas de irse, pero se sienten atadas a la isla por sus hijos, sus hipotecas y al igual que el resto forzadas a tomar vacaciones en agosto, sin tan siquiera cobrar lo que les corresponde de la Seguridad Social.

La delegada del comite de empresa, Elsa Baute, subrayó: "Muchas de las empleadas eran inmigrantes en busca de trabajo que desviaba el ayuntamiento a la propia empresa, debe hacerse responsable y no actuar solo interesadamente".

Entre todas las afectadas se ha convocado una concentración el próximo día 27 de Agosto a las 10 de la mañana enfrente del ayuntamiento, para denunciar los abusos e injusticias que padecen.

Por su parte, el concejal de Asuntos Sociales y responsable del IMAS, José Manuel Arocha, recordó que los beneficiados cuentan con una subvención para la contratación de las 13 empresas sustitutas. Además subrayó que no se podrá sacar a concurso Mararía de momento, porque la deuda millonaria que dejó impide que cualquiera quiera hacerse cargo.