El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas denunciaron en un comunicado que la derogación encubierta de la Ley de Dependencia provocará que 2.879 canarios dejen de formar parte del sistema de cotización de la Seguridad Social, ya que el Estado dejará de financiarla a los cuidadores familiares.

Y es que la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar se reduce en un 15 por ciento. Así, en Canarias, las personas que verán reducidas las prestaciones que reciben, una media de 55 euros al mes, ascienden a 6.595 personas.

En este sentido, los colegios destacan que el "Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de fraude en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en España".

Según explican los colegios, en materia de financiación del sistema, "se reduce el nivel mínimo en más de un 13 por ciento", por lo que a los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar".

En total, señalan, en Canarias son casi 12.000 personas en situación de dependencia las que están recibiendo algún tipo de prestación, y "todas ella verán de una forma u otra aumentada su desprotección tras la aprobación de este Decreto Ley que reduce el sistema estipulado en la Ley de Dependencia".

Además, señalan, "la ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. Cabe señalar que tres de cuatro beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54 por ciento mayores de 80 años. Y es que, a su juicio, la eliminación de las compatibilidades entre servicios impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.

Por ello, los colegios exigen al Gobierno Central en su comunicado que "cualquier medida de modificación de la Ley de Dependencia se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y aprobación en el Parlamento y reclaman que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación".

También instan al Ejecutivo a que "no aplique los recortes en la financiación estatal del nivel acordado de la Ley de Dependencia, que suponen detraer 283 millones en todo el Estado".

Cabe destacar que los colegios elaboraron un pronunciamiento conjunto que han remitido al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos para solicitar que se sumen y apoyen sus reivindicaciones.