El Gobierno de Canarias lo tiene claro: concluya lo que concluya el informe medioambiental que tiene que presentar Repsol para que el Ministerio de Energía autorice realizar los "pinchazos" en el fondo del mar a fin de comprobar si hay petróleo en las aguas cercanas a Canarias, presentará alegaciones.
El motivo es que "está claro" que la actividad petrolera tendrá consecuencias en el medio ambiente de la zona y que "con seguridad" afectará tanto a especies protegidas como de interés.
Así lo explicó que el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, que califica de "obviedad" la conclusión de la Comisión Europea cuando señala que España mantiene "plena independencia" para decidir si autoriza las prospecciones en su territorio.
Contra Soria
Lo interesante del pronunciamiento de una respuesta del comisario de Energía, Günter Oettinger, a un eurodiputado es que "desmiente" al ministro del ramo, José Manuel Soria, al aclarcar que Europa "sí investiga" la posible vulneración de la normativa comunitaria. "La UE no avala en nada a España", insiste Ríos en relación al pronunciamiento de Oettinger, sino que pone de manifiesto que la Comisión analiza el cumplimiento por parte de España de las leyes europeas en esta materia.
En este sentido, explicó Ríos, la queja que presentará el Gobierno de Canarias en septiembre en Bruselas pretende "complementar" las que ya formalizaron en su momento los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que son los que originaron la investigación en curso de la Comisión a España.
La de la Administración regional "es más profunda" al abarcar más aspectos que la de las corporaciones insulares, justificó Ríos. Como es lógico, el documento -ya en elaboración- tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes de poderlo remitir a Bruselas.
En todo caso, Ríos se planta en el "peor" escenario, que sería que la Comisión concluya que España ha vulnerado la normativa europea, pero que el Gobierno insista en que no ha sido así. En ese caso, apunta, el asunto terminará en el Tribunal de Justicia Europeo, donde podría pasar años antes de resolverse.
Por lo pronto, la compañía Repsol tiene que tramitar un permiso específico que autorice a la empresa a realizar las catas en lugares específicos -la autorización con la que cuenta ahora es genérica-, para lo que tendrá que presentar una evaluación de impacto ambiental, que es el trámite al que el Ejecutivo regional tiene pensado oponerse a través de sus alegaciones.