La situación de crisis económica está causando la retirada de usuarios de centros de mayores, residencias y otros complejos sociosanitarios existentes en la Isla por parte de los familiares de los mismos, sobre todo. La causa de ello es la necesidad a la que se han visto abocadas muchas familias de disponer de nuevos recursos para poder subsistir. En este caso, se trata de contar con las pensiones o ayudas de los acogidos en tales recintos como el ingreso que les permita comer.

Este hecho alcanza a una media del 10% de los usuarios de los centros. Es el caso de Cáritas, cuyo presidente de la Junta Provincial, Leonardo Ruiz del Castillo, ratificó que "se dan estos casos en los que los familiares buscan soluciones a su situación con el propósito no ya de vivir, sino de malvivir con esa pensión".

Esta hecho se registra también en los centros adscritos y dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo, tal y como explicó la responsable del mismo, la consejera insular Margarita Pena. Ésta aseguró en junio que "se está detectando un importante abandono de plazas residenciales de ancianos y discapacitados para, con la pensión que reciben, mantener a toda la familia".

Rebajas

Pero a ese 10%, más o menos, de usuarios que abandonan los centros hay que sumar "la petición de otro porcentaje similar" de familiares que también se han dirigido a los centros dependientes de Cruz Roja "de que les rebajemos el 40% que cobramos, como norma, para sostenimiento y contribución del mayor a los gastos del centro". Esa solicitud también tiene por finalidad que la familia pueda contar con un complemento "porque no les da para vivir".

Leonardo Ruiz afirmó que "eso es así" y aseguró que "lo mismo sucede en centros privados", de donde el porcentaje de usuarios que lo han abandonado por este motivo es similar.

El presidente de la Junta Provincial de Cáritas advierte de que esta situación también tiene otro aspectos a valorar y "tener en cuenta", que es "la posible merma en la calidad de la atención que reciba el mayor". Es decir, que su traslado al domicilio particular "pueda suponer un retroceso en lo que se ha avanzado en la residencia o centro de día, donde se le aplicaban al mayor técnicas, trabajos y terapias con el fin de retrasar la situación degenerativa propia de una persona de edad avanzada".

Si bien hay casos en que "la familia es consciente de ello, hay otros en los que es tanta la necesidad que tienen que optan por retirar a los usuarios de los centros".

Respecto a la ocupación de las plazas que quedan libres cuando los usuarios se marchan a casa con sus familiares, se incide en que "tendrán muy difícil recuperarla cuando la precisen en el futuro" teniendo en cuenta la larga lista de espera que hay para ocuparlas y, además, la rapidez con que actualmente ya están ocupadas.

Ruiz del Castillo es consciente de que la situación económica empeora y, si bien considera que el porcentaje de abandono de los centros no es muy elevado, no descarta que en los meses venideros las circunstancias eleven considerablemente la cifra actual.

Las administraciones no pueden hacer nada porque estar o no en un centro es un hecho voluntario.