El Gobierno aprobó ayer su tercera reforma financiera, que entre otras novedades crea un "banco malo", una sociedad que podrá vender los activos tóxicos de la banca en un tope de 15 años y que estará controlada por inversores privados, que podrán contar con ayudas públicas para financiar su entrada. El Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito entró en vigor ayer mismo, al haber sido publicado en una edición especial del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto, que ocupa 61 páginas, sienta el marco jurídico que regirá a la hora de abordar la crisis de una entidad financiera, así como su reestructuración o liquidación ordenada.

Según subrayó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la reforma financiera nace con el objetivo de ser uno de los "elementos fundamentales para salir de la crisis" y que "no cueste un euro al contribuyente".

Precisamente, el "mal llamado banco malo", ya que según De Guindos comprará "activos no tan malos", tendrá como principal objetivo no incurrir en pérdidas, gracias a los bajos precios que pagará cuando compre los activos en el mes de diciembre (se constituirá un mes antes).

Noviembre, mes clave

Fuentes de Economía aseguraron que esos precios podrían ser incluso más bajos que los que tienen provisionados las entidades financieras, de modo que habrá "perspectivas de rentabilidad adecuada" para atraer a inversores privados.

Como contrapartida, los bajos precios -que fijará en última instancia el Banco de España- pueden suponer un "esfuerzo o pérdida adicional" para la banca, que "no puede ser significativa" dados los elevados saneamientos realizados.

El capital inicial será aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con parte de los 100.000 millones de euros aportados por Bruselas para sanear el sistema financiero, aunque el organismo no podrá alcanzar en ningún caso el 50% de las acciones.

El "banco malo", que entrará en funcionamiento en noviembre, pagará a las entidades financieras con efectivo, acciones o deuda avalada por el Estado que podrán descontar en el Banco Central Europeo (BCE).

Las entidades intervenidas, Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia, que perdieron en el primer semestre del año 7.542,2 millones, según se informó ayer, trasladarán al "banco malo", en su mayoría, créditos problemáticos del sector promotor, los más dañados. Ahora bien, De Guindos sostuvo ayer que desconoce todavía el volumen de activos del ladrillo que las entidades transferirán, a falta de conocer cuáles de ellas necesitarán ayudas públicas, que se irá "viendo" al entregarse las auditorías que valoran la calidad de las carteras crediticias de cada una, ya que la entidad debe ser "viable" para vender los activos con posterioridad.

El Banco de España establecerá la metodología para valorar los activos que se transfieran al "banco malo", y ésta se hará pública, siempre según el ministro.

En cualquier caso, De Guindos apuntó que la valoración deberá realizarse a precios razonables para no generar pérdidas a los contribuyentes. "Se comprará a precios preburbuja inmobiliaria", indicó, sin entrar en detalles.

La reforma aprobada ayer cumple los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda de hasta 100.000 millones de euros al sector financiero y, por ello, tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportado por sus accionistas y acreedores para "minimizar el impacto en los recursos públicos; en definitiva, en el dinero de los contribuyentes", en palabras del ministro de Economía.

En relación a las participaciones preferentes, el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado "si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente", según detalla el Ministerio de Economía.

Así, el canje de participaciones preferentes de entidades rescatadas se realizará con fuertes pérdidas para el inversor, ya que el Gobierno obligará a valorar estos títulos a precios de mercado con un margen adicional del 10%.

Capote a los depósitos

En cualquier caso, Economía avisó de que ese valor de mercado no tiene por qué ser el que reflejen las pocas transacciones de compraventa, ya que no son representativas en muchos casos.

Por otro lado, también se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes, los bonos convertibles o los pagarés.

El Gobierno tiene intención de que a partir de ahora el ahorro de los ciudadanos se centre en los depósitos, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que elimina la penalización impuesta el año pasado a las entidades que comercializan depósitos de alta remuneración.

Según De Guindos, se transmite así el mensaje de que "es fundamental que no haya instrumentos que sustituyan a los depósitos" y que lleven a una menor protección de los ahorradores.

Asimismo, la reforma pone coto a las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que bajará así de un máximo de retribución fija de 600.000 euros a 500.000 euros.

La reforma también eleva los requisitos de capital de las entidades, que serán del 9%, frente al 8% exigido para las entidades cotizadas y el 10% para las que tuvieran demasiada financiación mayorista.

El Gobierno elevó la capacidad de endeudamiento del FROB, que pasará a ser de 120.000 millones de euros para 2012, frente a los 90.000 millones establecidos anteriormente.

La Comisión Europea propondrá el próximo 12 de septiembre, cuando presente su propuesta para crear el mecanismo de supervisión bancario único en toda la eurozona, en el que debe desempeñar un papel central el BCE, que sea el banco emisor europeo el que conceda las licencias bancarias para operar a las entidades, según avanzó el Ejecutivo comunitario.

"Obviamente los supervisores nacionales tendrán un papel clave para preparar y/o gestionar tales decisiones", agregaron las mismas fuentes.

El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, avanzó que el mecanismo de supervisión bancario único cubrirá "desde el 1 de enero de 2013 a todos los bancos que son objeto de apoyo público vía el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)".