El caso de América es solo uno de los más de 4.000 que podrían registrarse a partir de ahora en el Archipiélago si el Gobierno de Canarias, siguiendo al dictado lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad, confirma que las únicas patologías que se atenderán de forma gratuita en los centros públicos serán las relacionadas con la obstetricia, la pediatría y las urgencias.

"Llevo viviendo en Granadilla ocho años. Llegué como turista y me quedé en situación irregular, pero como encontré trabajo pude arreglar los papeles y quedarme legalmente hasta que me puse enferma. Me diagnosticaron cáncer de ovario y poco después me despidieron y un año más tarde se me caducó la residencia. Desde entonces estoy ilegal. Ahora me encuentro con que no sé si mañana me darán la quimioterapia o no; y quien dice mañana el miércoles o dentro de una semana o de un mes, porque mi tratamiento dura hasta octubre y luego tendría que darme radioterapia, y si las cosas no han salido ok volver a empezar otra vez en unos meses", explica esta colombiana que reconoce que "estar sola, lejos de tu país y pensar que te van a dejar morir porque no tienes papeles es muy duro".

Natalio es argentino y vive en Santa Cruz desde hace casi quince años. Su problema de salud es muy diferente al de América, ya que padece depresión y trastorno bipolar. "Con mi tratamiento y seguimiento médico la mayor parte del tiempo estoy bien. Solo me dan crisis puntuales, pero desde hace dos años no me han tenido que ingresar", dice con orgullo este ingeniero agrónomo de 51 años que lleva desempleado casi cuatro años y que no tiene papeles.

"Pensar que mi psiquiatra no va a volver a verme o que tengo que pagar por ello me tiene muy preocupado. Yo no tengo dinero casi para vivir. Tengo que compartir piso con otras tres personas y aun así muchas veces lo que tenemos para comer nos llega gracias a Cáritas, Cruz Roja o Sonrisas Canarias. Tengo que buscar la manera de hablar con mi psiquiatra para que me diga qué es lo que debo hacer, porque no quiero dejar el tratamiento de ninguna manera. Otras veces que lo he hecho por mi cuenta he intentado suicidarme... Pierdo completamente el control", explica Natalio, que apenas mantiene contacto con la única familia que le queda (una sobrina que vive en Gijón).

Pero casos como estos hay centenares en todas las islas; como el de Aminata, una senegalesa de 38 años que vive en el sur de Gran Canaria junto a sus dos hijos, de doce y diez años.

Le diagnosticaron diabetes tipo II hace tres años y, desde entonces, debe controlar los niveles de azúcar e infiltrarse insulina hasta cinco veces al día.

"Nadie aclara si esta enfermedad está dentro de las que se cubrirán o no porque unos dicen que es crónica y otros que no. Yo he llamado al centro de salud y no saben decirme nada, salvo que pase lo que pase a partir del 1 de septiembre me voy a tener que pagar toda la insulina, que me valdrá unos 80 euros al mes. Si yo no tengo trabajo y tengo hijos, ¿qué pretenden que haga? Tampoco tengo dinero para volver a mi país", explica Aminata.

El caso de Ahmed es algo diferente. Es joven (31 años), vive con tres amigos cerca del Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz, está sano y tiene papeles.

"Trabajo desde hace unos meses -prefiere no decir dónde- y tengo papeles. No he ido nunca al médico, no sé ni cuál tengo y espero no saberlo", dice entre risas.

¿Qué reforma?

Ahmed no entiende muy bien en qué consiste la reforma sanitaria, de hecho ni siquiera había oído hablar de ella, pero sin embargo sí sabía que mientras esté en situación legal, si le pasa algo, un médico le atenderá.

"Yo he venido para dar dinero a mi familia. No sé si me quedaré tiempo o si regresaré pronto, pero tengo amigos que llevan años aquí y que son los que me han ayudado. Si a ellos les hace falta mi tarjeta, se la daré", explica.

Son cuatro casos. Cuatro situaciones extremas, aunque las haya aún más graves como las que afectan a personas en la más grave de las exclusiones sociales. Es el caso de un "sin techo" que sufre de epilepsia y tiene miedo a perder a su médico, su medicación y tener que pagar la ambulancia que lo auxilie si le da un ataque en plena calle, o el de un joven que duerme frecuentemente en el albergue de Santa Cruz y tiene VIH y no sabe si le van a seguir dando la medicación y atendiéndole en el hospital o no, por no hablar de un indigente con problemas mentales que deambula todo el día de aquí para allá y que todavía no se ha enterado de nada porque razonar con él más de 30 segundos es complicado y son los trabajadores sociales que lo atienden los que aún no han logrado averiguar qué va a pasar con él.