La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina a más de treinta colectivos en defensa de los inmigrantes indocumentados que se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, anunció hoy que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "cada caso" de desatención grave a estas personas.
El Ministerio de Sanidad español anuló el pasado sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública, una medida urgente con la que se espera ahorrar al menos 1.500 millones de euros (unos 1.900 millones de dólares).
Este es el primer lunes en el que los centros de salud afrontan la nueva situación, que afecta especialmente a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia, por su vulnerabilidad económica y social, y que hasta ahora eran atendidos con solo empadronarse en este país.
Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los Derechos Humanos se han comprometido a vigilar cómo se trata a estas personas desde hoy mismo.
Prestarán especial atención sobre todo a los enfermos crónicos, graves o a aquellos que padezcan patologías infecciosas.
Los portavoces de algunas organizaciones de la Red, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) y Médicos del Mundo, Iván Forero y Mario Pérez, advirtieron, en declaraciones a Efe, que denunciarán en la Corte de Estrasburgo cada posible caso de desatención.
El ministerio de Sanidad se ha comprometido a atender a los inmigrantes irregulares en urgencias en caso de accidente o enfermedad grave; en el embarazo, parto y postparto, y a los menores de 18 años.
Tampoco dejará sin su tratamiento a los pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.
No obstante, si las autoridades sanitarias "no cumplen" o si no se respeta la normativa internacional, los colectivos de la Red no dudarán en denunciar la situación.
Consideran que en este caso estas personas podrían ser víctimas de una violación de su derecho a la salud y a la vida, reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Ambos portavoces coincidieron en señalar que, dada la confusión existente en la aplicación del decreto del Gobierno, tendrán que "esperar" y ver cómo se actúa en cada región, porque en algunas se ha garantizado una cobertura completa a este colectivo.
Por otra parte, la Red presentará el próximo jueves una nueva campaña, bajo el lema "Yo SÍ, sanidad universal", promovida por usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud.
La primera actuación que llevarán a cabo será "articular y visibilizar" la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y "organizar" y "proteger" la desobediencia civil.
El portavoz de Médicos del Mundo recordó que el modelo anterior era "universal", es decir, el acceso a la Sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones y ahora, solo las personas "aseguradas" podrán tener algunas prestaciones "básicas".
El siguiente paso será promover un voluntariado de "acompañamiento" al inmigrante indocumentado. "No les vamos a dejar solos", apuntó Forero.