El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió ayer que el Gobierno contempla el uso del Fondo de Reserva, la llamada "hucha" de la Seguridad Social, en la que hay más de 67.000 millones, para pagar las pensiones en un futuro, si bien recalcó que aún no se ha recurrido a la misma.
Burgos, que hizo estas consideraciones durante la rueda de prensa en la que analizó los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social, garantizó que el Gobierno cumplirá con los compromisos en materia de pensiones "usando todos los elementos de gestión a su alcance", y agregó que el Fondo de Reserva es "un elemento más".
Lo que sí se ha utilizado este ejercicio, explicó Burgos, es el Fondo de prevención y rehabilitación, después de que el pasado 25 de mayo se acordara habilitar sus activos financieros y el 4 y 24 de julio, dos resoluciones que autorizaban su uso efectivo.
En este sentido, detalló que la resolución del 4 de julio autorizaba dos partidas de 1.700 millones cada una y la del 24, dos de 500 millones, de forma que en la actualidad quedan algo más de 400 millones de euros, cantidad que sigue creciendo por el excedente de las mutuas. Tomás Burgos se mostró preocupado por la repercusión que tendría en las cuentas de la Seguridad Social una posible subida de los precios por el pago de las pensiones, pero subrayó que el sistema "está preparado" para asumir desviaciones del IPC.
"Nos preocupa pero nos ocupa", añadió, ya que cada décima de hipotética desviación "supone 200 millones de euros y un sobreesfuerzo, pero entra dentro de lo habitual en el sistema" que, según insistió, "se enfrenta a una proyección de inflación que se ve corregida sistemáticamente con el paso de los meses".
Preguntado por el retraso de la edad de jubilación que consta en la reforma laboral, el secretario de Estado señaló que no es intención del Gobierno acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años antes de 2027. Tras señalar que no se ha producido compromiso "ni debate alguno" al respecto, apuntó que se trabaja por limitar el uso de la jubilación anticipada y de la parcial y estimular la continuidad laboral.