Representantes del sector pesquero europeo pidieron hoy a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que no ratifiquen el acuerdo de pesca con Mauritania, al considerarlo "inviable desde el punto de vista económico y técnico y un derroche de fondos públicos".

Una delegación de armadores, procedentes de España, Holanda, Polonia y otros países, se reunió en la sede de la Asociación Europea de Armadores (Europeche), para coordinar la respuesta frente al nuevo pacto, que ha implicado que muchos barcos europeos se hayan retirado de ese caladero ante las duras condiciones que impone.

El convenio, según denuncian, encarece la pesca en aguas mauritanas y limita las zonas donde están permitidas las capturas.

El sector quiere trasladar a la Comisión Europea y Mauritania su voluntad de volver a faenar en la zona, pero advierte de que "eso no será posible mientras no sean aceptables las condiciones desde el punto de vista técnico, social y económico" dijo en rueda de prensa el presidente de Europeche, Javier Garat.

Aunque de momento solo el Gobierno de España se ha pronunciado públicamente sobre su intención de no ratificar el acuerdo, los armadores confían en que otros países se posicionen en la misma línea.

"No podemos comprender cómo el acuerdo de pesca más caro que existe entre la UE y un país tercero puede ir directamente contra los intereses de la flota europea, que históricamente ha estado activa en la región", añadió Garat.

Los representantes del sector lamentan que la Comisión Europea tenga intención de pagar 70 millones de euros por un convenio que consideran vacío de contenido.

"Es preferible que no haya acuerdo antes que el acuerdo que existe ahora", indicó Garat.

Los armadores se mostraron además en "total desacuerdo" con las declaraciones de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, según las cuales el convenio es "sostenible, ético y un buen retorno de la inversión".

Según el sector, el pacto no sólo implicará la pérdida de empleo para muchos europeos y africanos, sino que también perjudicará a consumidores de ambas regiones, "que verán cómo se reduce el aprovisionamiento de sus mercados".

Todas esas quejas se tratarán en una reunión que los representantes del sector mantendrán con Damanaki el 19 de septiembre, explicaron.

Los representantes españoles denuncian que los servicios de Bruselas hayan ignorado los informes científicos preparados durante años y validados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que avalan el buen estado de las reservas pesqueras, y que en su lugar hayan tomado en cuenta datos menos actualizados y precisos.

En particular esto afecta a los buques cefalopoderos (dedicados al pulpo y al calamar), que han quedado fuera del pacto, lo que afecta a 24 barcos españoles.

El director gerente de la Organización de Productores Pesqueros ANACEF, José Ramón Fontán, lamentó que esa exclusión se produzca, cuando, por otra parte, hay buques cefalopoderos chinos que faenan en la zona.

Los representantes del sector canario presentes en la reunión denunciaron, por su parte, las "gravísimas consecuencias" del acuerdo para el futuro del sector industrial canario y de sus actividades portuarias y estimaron en 3.000 el número de puestos de trabajo que se verán afectados.