Un caos. Así describe el Sindicato Médico de Tenerife la situación que vive la sanidad de las Islas tras la entrada en vigor de la reforma que priva a los inmigrantes irregulares de buena parte de la asistencia sanitaria que recibían hasta ahora. Pese a que la Consejería de Sanidad sostiene que este colectivo sigue siendo atendido -debido, fundamentalmente, al retraso del Ministerio en publicar la orden que desarrollará la nueva normativa-, los representantes de los trabajadores aseguran que hay centros que han recibido instrucciones para no recetar tratamientos a los "sin papeles", quienes, de esta manera, deberán pagarlos íntegramente de su bolsillo.
Según Carlos Díaz, secretario general del Sindicato Médico, "a algunos centros se les ha dicho una cosa, a alguno otra y a otros no se les ha dicho nada". Eso sí, todas las indicaciones únicamente han sido facilitadas de palabra. Díaz tiene noticia de un centro al que, además, se le ha transmitido que las personas sin residencia legal en España habrán de abonar también pruebas como las analíticas. En este caso, el dirigente sindical ignora si se trata de "una interpretación" de quien ha recibido esta orden o de una instrucción que "señala el camino" de lo que luego vendrá.
"Lo que tenemos claro es que vamos a ver a todos los pacientes que entren en nuestra consulta. Es nuestra obligación, y tampoco podemos preguntarles ¿es usted un sin papeles?. Debe ser la Administración la que ponga los medios necesarios para saber si el paciente cumple los requisitos para que podamos atenderlo", explica.
Cuando se le pregunta si los facultativos han recibido poca información por parte de la Administración sobre los cambios que implica esta reforma, Carlos Díaz es tajante: "Ninguna. Solo hemos escuchado comentarios y no hay nada por escrito".
Aunque comparte la gravedad social de la medida, el Sindicato Médico de Tenerife advierte de que la restricción de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares es "la punta del iceberg" de un problema más amplio: el de los recortes que está sufriendo el sistema. Entre estos, destaca el riesgo de que, dentro de dos años, la sanidad pública canaria cuente con alrededor de 135 facultativos menos, dado que en este periodo se jubilarán unos 150 y solo puede reponerse el 10% de ellos.