La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece en su artículo 31.1 que -fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar cualquier tipo de publicidad dirigida al usuario de la carretera-, aspecto que también recoge el artículo 59.1 del Reglamento de Carreteras de Canarias. Consecuentemente, cabe concluir que las vallas publicitarias colocadas en el entorno de las vías que están ubicadas fuera de las áreas urbanas son ilegales.
Con esa premisa, el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife interviene con el propósito de "hacer cumplir la ley en su máxima escrupulosidad", según manifestó el consejero insular competente, José Luis Delgado, quien fue contundente cuando aseguró que suprimirán "aquellas vallas publicitarias que incumplan la legislación vigente". En esa línea, el también consejero insular de Paisaje mantuvo varios encuentros con el sector a fin de "intentar llegar a acuerdos". Fruto de esas reuniones, se produjo la retirada de algunas de las vallas, pero, según él, no van a ceder y, de hecho, han tramitado "una barbaridad de expedientes". El problema para resolver estos expedientes está en que los afectados "utilizan la táctica de recurrir, recurrir y recurrir" porque "cada día que pasa siguen cobrando la publicidad que tengan en las vallas, mientras que las sanciones que marca la ley son tan ridículas que les compensa".
José Luis Delgado afronta esteproblema como "una guerra a largo plazo" pero se mostró convencido de que la tendrán concluida "antes de que termine el año" con el resultado final de "la eliminación completa de las vallas ilegales que están en las carreteras desde hace muchísimos años". Estas vallas publicitarias están emplazadas en áreas consideradas de dominio público adscritas al ámbito de influencia de las carreteras de la Isla, especialmente en las autopistas del Norte y Sur, así como en la interconexión entre ambas (Santa María del Mar- Chumberas), además de la Vía de Ronda, la carretera de Santa Cruz a La Laguna y el tramo que enlaza Somosierra y Taco. Se da la circunstancia de que durante el primer año del mandato actual, el Cabildo abrió en torno a 200 expedientes por supuestas infracciones de esta normativa.
El procedimiento es "bastante complejo, difícil y largo", pero se trata de "un compromiso del grupo de gobierno en la Corporación insular", explicó José Luis Delgado, quien aludió a que el propio presidente le ha transmitido "su apoyo e interés en resolver este tema". Asimismo, recordó que es un asunto "en el que se toca a muchas empresas importantes y, obviamente, la gente se queja. Pero estamos todos a una y él está totalmente de acuerdo en que debemos corregir esto. Cuando una persona fallece porque se distrae mirando una valla hay responsabilidades".