El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales que contempla la posibilidad de requerir los servicios de "quienes estén percibiendo una prestación de desempleo·.

Según anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este real decreto se ampliará a los incendios que puedan producirse hasta el 1 de noviembre.

En un comunicado posterior al Consejo, el Ministerio de Empleo concretó que "las Administraciones públicas solicitarán a las oficinas de empleo los trabajadores que necesiten y estas seleccionarán a los desempleados, previéndose la rotación o sustitución en caso de que el desempleado acepte una oferta de empleo durante la realización de la colaboración".

El comunicado, que matiza que el trabajo debe coincidir con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado y no puede implicar cambio de residencia, señala que "en ningún caso podrá entenderse que la prestación de esta colaboración implica una relación laboral entre la entidad y el desempleado". Y añade que "el trabajador continuará percibiendo la prestación o el subsidio".

Sáenz de Santamaría explicó que se trata de una posibilidad que permite la ley general de la seguridad social desde 1994, y que "este real decreto ley concreta". La norma contempla, además, ayudas para daños personales, materiales y en los enseres, así como para las personas físicas o jurídicas que hayan participado en las operaciones de extinción de incendios.

Exenciones fiscales

También recoge ayudas para el alquiler, la reparación, rehabilitación y la reconstrucción de viviendas. Habrá subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de diputaciones y cabildos, a las que les podrán conceder hasta un 50% de su coste.

Sáenz de Santamaría explicó que será el Ministerio del área quien, en colaboración con las autonomías, fijará las zonas de actuación y concretará las tareas de limpieza.

La nueva norma establece medidas de naturaleza fiscal, como la exención del IBI para los inmuebles gravemente dañados y reducciones en impuestos de actividades económicas correspondientes a 2012. Además estas ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.

En materia laboral, la vicepresidenta anunció que "los ERE que tengan causa directa en estos daños serán considerados provenientes de fuerza mayor" y las empresas y los trabajadores tendrán un año de moratoria en el pago de las cotizaciones.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció "una campaña de propaganda constante de acoso a los desempleados cuando el problema es que en España no hay actividad económica por culpa de las políticas de recortes". En su opinión, este real decreto va en la línea de "culpabilizar a los parados de su suerte". El Gobierno da a entender "que las prestaciones y el subsidio generan la pereza".