La empresa Titsa fue quien ordenó a los chóferes cobrar a los discapacitados de Añaza y de todo el distrito Suroeste desde principios de este mes de septiembre.

La empresa remitió una orden a todos los centros de trabajo en la que se recordaba que el "viernes 31 de agosto termina el período transitorio donde eran válidos los bonos de discapacitados 85 y 98. A partir del 1 de septiembre solo será válido el bono de discapacitado 12 euros".

Corto y claro. Así, Titsa dejó que los chóferes cargaran con la responsabilidad la pasada semana de pedirles a los discapacitados de Añaza que se compraran un bono o pagaran un billete.

El problema radica en que las guaguas que llegaban al Suroeste antes de la reordenación eran interurbanas y ahora son urbanas. Cuando Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife firmaron el acuerdo, el consistorio quiso acallar parte de las numerosas críticas que surgieron con los cambios con medidas como la prórroga del bono gratuito para discapacitados del Cabildo hasta finales de septiembre.

Sin embargo, Titsa ordenó a los conductores comenzar a cobrarles a principios de semana.

Intersindical Canaria (IC) informó de que la empresa de transportes había dado marcha atrás a esta orden, tras la denuncia hecha a EL DÍA por parte de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo Añaza.

El sindicato explicó que la gratuidad de los bonos para discapacitados debía de haberse extinguido en mayo, cuando las guaguas cambiaron de interurbanas a urbanas, pero que se prorrogó su uso, ya que "el ayuntamiento no tiene ninguna política de descuento" para este tipo de colectivos.

Para los discapacitados del Suroeste el problema está solucionado hasta final de mes, pero no para los conductores de Titsa. "Ahora sí que se va a crear confusión", opinan desde IC, quien considera que con tanta orden y contraorden lo único que van a conseguir es hacer un lío a los chóferes.

"Nosotros (los conductores) no hacemos las cosas porque nos da la gana", concluyó IC.

La publicación de la información, el pasado viernes, provocó una cascada de comentarios en la página web de EL DÍA. Algunos de ellos aseguraban ser conductores de guaguas que advertían de que era la empresa la que les había ordenado cobrar a los discapacitados.

"Una vez más la dirección de la empresa sigue las instrucciones del Cabildo y el ayuntamiento. Lo peor de todo es que su nefasta gestión la quieren disimular echando el muerto a los chóferes, cuando ellos simplemente cumplen órdenes", comentaba Ana Belén.

De hecho, algún guagüero incluso explicaba que la máquina de cobro decía "bono no permitido" cuando los discapacitados trataban de usarlo.

Juan, que se identificaba también como chófer, añadía que las máquinas tampoco aceptaban los bonos de familia numerosa y de mayores del Cabildo, puesto que estas líneas ahora son urbanas y no pueden beneficiarse de estas ayudas.

A estas alturas, es difícil saber de quién fue la metedura de pata. Lo único que queda claro es que la responsabilidad no ha sido de los conductores de guaguas.