La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, afirmó ayer en el Pleno del Parlamento que el Ejecutivo busca una "fórmula alternativa" para que los inmigrantes irregulares mantengan cobertura sanitaria en las Islas ante la reforma sanitaria impulsada por el Ejecutivo central, que elimina "equidad" y "universalidad" al sistema sanitario.
En una comparecencia solicitada por el grupo mixto (Nueva Canarias), Mendoza destacó que Canarias aún espera por el cribado de las bases de datos del Ministerio y que se publique la orden correspondiente al Real Decreto Ley, y ha incidido en que la Seguridad Social es quien otorga y retira tarjetas sanitarias.
La consejera dijo ser consciente de que hay que "vigilar" el gasto sanitario debido al impacto de la crisis, pero recordó que Canarias está mal financiada por parte del Estado para atender los servicios básicos, por lo que el Ejecutivo hace un "gran esfuerzo" por garantizar la prestación.
Además, subrayó las "contradicciones" de los cambios impulsados por el Ministerio y que cada comunidad autónoma ha optado por "vías distintas" para dar respuesta a la demanda sanitaria de los inmigrantes irregulares, al tiempo que advirtió de que habrá que esperar por los recursos presentados por Asturias y Andalucía.
Problema serio
Según Mendoza, cuando entre en vigor el real decreto se atenderá aún a personas que siguen en lista de espera, las que tengan un proceso médico abierto o con enfermedades infectocontagiosas. En esa línea, alertó de que el nuevo sistema genera un "problema serio" de salud pública y más coste económico al cargar la atención sanitaria a las Urgencias y una posterior hospitalización por no haber tenido una precoz atención médica.
El portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, definió la ley como una "barbaridad humanitaria" que persigue recortar gasto público y "pagar la deuda a los bancos". Por ello, pidió a la consejera que arbitre una "normativa propia" pese al coste económico y advirtió de que la reforma genera un problema de "prestigio internacional" cuando los españoles y canarios han vuelto a emigrar.
Por el grupo popular, Maribel Oñate, aseguró que el PP tiene "corazón", pero incidió en que el "buenismo" ha llevado a la sanidad a un déficit de más de 16.000 millones. Así, dijo que hay más 900.000 personas que residen fuera de España con tarjeta sanitaria.