La Sección V de la Audiencia Provincial dejó visto para sentencia el juicio sobre el caso de Philipp García Zoch, el menor de 16 años que murió en el centro Nivaria en 2004, donde se acusa a seis trabajadores de seguridad y a una coordinadora de educadores por delitos contra la integridad moral. El fiscal rebajó la solicitud de pena de cárcel para uno de los principales acusados, un vigilante, de cinco a cuatro años de prisión, mientras que redujo la petición de indemnización a los familiares de 120.000 a 60.000 euros.

Acusación particular.- La acusación particular mantuvo su posicionamiento respecto a la solicitud de penas de prisión para los siete procesados, así como una indemnización por responsabilidad civil de 300.000 euros. Para el letrado de la familia, Sergio Arbelo, los procesados "mienten" y algunos se pusieron de acuerdo para declarar ante los guardias civiles que investigaban el asunto. Además, criticó que no hubiera cámaras en el módulo cero, donde estaban los menores sancionados y en régimen de aislamiento, así como el tráfico de drogas en el recinto. Además, lamentó que nunca se investigara de forma concienzuda si Philipp fue víctima de un homicidio y recordó que, según un forense que testificó el jueves, la primera autopsia fue incompleta, ya que no se abrió la cavidad craneal o el interior del cuello. Según su punto de vista, tanto los psicólogos, como el psiquiatra del menor, así como la ATS que lo atendió en los últimos días, coincidieron en que el adolescente no dio síntomas de querer quitarse la vida en las semanas previas al suceso. Arbelo manifestó que el internamiento del menor en centros y la adopción de la tutela por el Gobierno canario resultó "funesta". Además, criticó que, por parte de uno de los letrados de la defensa, se llegara a plantear que los padres no tenían derecho a pedir indemnización porque cuando ocurrió la muerte la tutela del chico correspondía a la Dirección General del Menor.

La empresa.- El abogado defensor de la empresa de seguridad y de un jefe de equipo de vigilantes argumentó que la acusación particular erró al plantear el delito de "torturas", entre otras cosas porque los acusados no son agentes de la autoridad o funcionarios. También recordó que no quedó acreditado durante la vista que hubiese "torturas", ni que las vejaciones se prolongaran en el tiempo, ni que la actuación de los procesados contribuyera a impulsar o inducir el suicidio. Y, en un ejercicio de malabarismo, señaló que el verdadero calvario lo han tenido que pasar los procesados durante más de siete años, por lo que pidió la libre absolución para ellos.

El principal acusado.- Verónica Rodríguez, letrada del principal acusado, destacó que "no hay pruebas objetivas" para condenar a su defendido, el vigilante al que varios testigos señalaron como la persona que discutió fuertemente con Philipp la noche antes de que apareciera muerto. Recordó que tan solo dos menores dijeron ver que ese vigilante entró en la celda de Philipp, lo agredió, lo tiró al suelo y le puso el pie sobre la cabeza para llamarlo "chivata". Sin embargo, la abogada señaló que los testimonios de esos exinternos no coinciden entre ellos y, además, han variado con el tiempo, por lo que pierden credibilidad.

La aseguradora.- El abogado de la compañía de seguros de la Fundación Ideo, que gestionaba el recinto, dijo que la póliza contratada no incluía suicidios, tan solo muertes o invalidez por accidentes.