Diez marineros turcos, la mayoría a punto de jubilarse, se encuentran a bordo de un barco de la misma nacionalidad que fue remolcado el pasado sábado hasta el puerto capitalino, una vez que se quedó sin combustible tras ser abandonado por su armador.

Dejados a su suerte, y sin poder bajar a tierra, la tripulación viene padeciendo desde julio la bancarrota de la empresa para la que trabajaba, con la que aún no ha podido contactar la Federación Internacional del Transporte (IPF), sus siglas en inglés, en Tenerife.

Víctor Conde, inspector de esta organización sindical, explicó que este barco, el "Müezzinoglu", operaba en la costa africana y el Mediterráneo, y que en junio cargó combustible en las Islas, de donde partió en dirección a Angola, para una carga que no se llegó a efectuar. Ya en septiembre, el capitán decidió regresar a Canarias, con el gasoil y el aprovisionamiento muy justos, gracias a la ayuda que recibieron en Luanda.

Indicó que, una vez en Las Palmas, se le negó el atraque en aquel puerto, pues estaban amarrados 35 barcos por el paro pesquero en el caladero mauritano. Cuando se le deriva a Tenerife, ya llevaba 19 días navegando, "y hubo de ser remolcados porque se quedó sin combustible a medio camino".

Una postura excesiva

Conde criticó que en Tenerife "se adoptara una postura excesiva con la tripulación", pues, precisó, la Policía de Inmigración y Fronteras "trató a estas personas, que son marinos con mucha experiencia, peor que si vinieran en una patera, pues, incluso, pretendían impedir que se les subiera comida, porque lo que querían era un papel que dijera quién era el responsable del barco".

El representante de la IPF avanzó que las autoridades turcas se han interesado por este asunto y quieren repatriar a estos marinos, aunque señaló que lo que se discute son los gastos económicos. Así, apuntó que para la repatriación lo que hay que hacer es "agilizar el expediente de abandono del buque, para subastarlo en tres meses".

En todo caso, esta organización sindical internacional lo que pretende es evitar que "se aumente la penosidad de estas personas", ante una más que evidente pérdida de recursos para su mantenimiento y salubridad, por lo que pide la repatriación y rechaza la exigencia de las autoridades españolas de que "se queden tres tripulantes a bordo", mientras se instruye un expediente. Sin embargo, Víctor Conde lamentó que "ni siquiera se haya repatriado a una persona que resultó lesionada en un brazo".

Desde la Pastoral del Mar, su representante en el puerto tinerfeño, Juan Esteban Pérez, pone de manifiesto que las autoridades no dejan subir a bordo ni bajar a estas personas, salvo a su organización, que "les está llevando la comida".

Señaló que estos tripulantes llevan unos cuatro meses sin cobrar su salario y explicó que estos casos de abandono por parte de los armadores "son una constante, ya que adquieren un nivel de deuda irrecuperable; pero lo más doloroso es el abandono de las personas". En la actualidad, en el puerto tinerfeño esta es la única embarcación que se encuentra en estas condiciones, aunque esta práctica no entiende de fronteras ni de banderas.

En estos supuestos, dijo que la Pastoral hace frente "a algo vital, como es la comida y garantizar la comunicación con las familias", que en este caso ha consistido en facilitarles un teléfono móvil, que "pueden utilizar también para cualquier emergencia".

Juan Esteban Pérez indicó que en la travesía hasta Tenerife, por la carencia de combustible, "el barco tuvo que aprovechar las corrientes para avanzar, hasta que a la tripulación no le quedó más remedio que hacer una llamada de emergencia y solicitar que lo remolcaran".

En tierra, peor

El responsable de la Pastoral del Mar señala que la situación de estas personas no ha mejorado al llegar a tierra, pues al no contar con armador, carecen de consignatario, entre cuyas labores figura la gestión de toda la documentación. Esta circunstancia, desde el punto de vista legal, "les impide bajar del buque". En estos casos, "la ley está por encima del hombre", lamenta.

Pérez añadió que "en situaciones de este tipo, deberían haber normativas que atiendan a las personas en sus necesidades, y que, como mínimo, faciliten la comunicación con el exterior, porque ya es muy duro estar lejos de la familia, pero mucho más lo es no poder comunicarse con ella".