¿En qué cambia el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas la situación de los canarios que tienen viviendas en el litoral y viven bajo la amenaza del derribo? Pues la conclusión es que aún no está muy claro, dada la falta de desarrollo del texto, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, y, sobre todo, el amplio margen de maniobra que concede a la Administración central. En ello, y en el malestar por la ausencia de un reconocimiento a las singularidades del Archipiélago -que sí se ha dado a otras regiones españolas-, coinciden los representantes de los afectados y el Gobierno autónomo.

Este último, además, no ve con buenos ojos la importancia que, según lo dispuesto en el texto, adquieren los delegados del Gobierno. Tal relevancia alcanza, a ojos del Ejecutivo regional, que da la sensación de que, con la reforma, el Ministerio de Medio Ambiente quisiera "recuperar la figura de los gobernadores civiles", sostiene Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial.

La última palabra

Lo cierto es que el anteproyecto concede a la representación en las Islas de la Administración General del Estado la potestad de suspender los acuerdos adoptados por las entidades locales -ayuntamientos y cabildos- que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Es decir, les da la posibilidad de dejar sin efecto el planeamiento y, con ello, pueden tener la última palabra sobre las demoliciones.

La que ha sido definida como "cláusula antialgarrobicos" -en alusión al hotel de la costa almeriense autorizado por las administraciones pero declarado ilegal por la Justicia- no convence al Gobierno de Canarias, que la considera una injerencia en las competencias autonómicas, a las que se les atribuye control sobre la zona de servidumbre.

"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a competencias propias. Las diferencias entre administraciones deben resolverse mediante la cooperación y el diálogo, no con la imposición y volviendo a los gobernadores civiles", advierte Pérez, alarmado ante lo que considera una "marcha atrás".

En cualquier caso, el Gobierno canario confía en que el trámite parlamentario permita incorporar mejoras para que la ley recoja las especificidades del Archipiélago, tal y como ha hecho con otras zonas. "Debe ser una norma que no favorezca a determinadas comunidades y a otras no", apunta el viceconsejero, que recuerda que cien asentamientos y más de 135.000 ciudadanos esperan una ley que les proporcione seguridad jurídica.

La isla balear de Formentera, en atención a su "especial configuración geológica", ha sido exceptuada de la aplicación de la ley. También se han librado otros diez enclaves -en Alicante, Gerona, Huelva, Málaga y Valencia-, pero no hay mención alguna a los asentamientos canarios. Y eso pese a que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró que habría una regulación particular para el Archipiélago.

"Canarias es la región más afectada y no se la cita, aunque tenga núcleos tan llamativos como Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey que, al menos, deberían tener el mismo trato que otras zonas desafectadas", señala el abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. A su juicio, la mayoría de asentamientos son "pueblos pesqueros, donde está la historia y la tradición de Canarias".

El viceconsejero de Política Territorial comparte esta postura. "Por supuesto que está justificada una excepción para Canarias". El valor etnográfico de muchos núcleos debe ser el argumento que se esgrima para obtener una consideración particular para la región.

Propiedad y concesión

El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas contiene algunos aspectos que pueden arrojar algo de esperanza a los afectados en Canarias. Es el caso de la posibilidad de transformar propiedades en concesiones administrativas -como ya ha ocurrido en otros puntos del país-, lo que permitiría salvar las viviendas durante 75 años más. De hecho, unas 260 casas del norte de Gran Canaria, que ya disfrutan de esta condición, se beneficiarán de esta medida, salvarán el derribo previsto para 2018 y sobrevivirán hasta 2093. Aunque deja claro que la principal reivindicación de los afectados sigue siendo el reconocimiento de las singularidades canarias, José Luis Langa admite que esta opción podría ser "un mal menor". Advierte, no obstante, de que aún no está claro en qué condiciones podría accederse a ella y que habrá que esperar a que se desarrolle la norma reglamentariamente. "Los reglamentos son los que desarrollan la ley y a través de ellos veríamos qué posibilidades tenemos de reconducir los problemas de los afectados", dice. Otro elemento de incertidumbre -y en esto coincide con la Consejería de Política Territorial- es el "amplio margen de discrecionalidad" que la reforma concede a la Administración del Estado. Esta asume "unas competencias tremendas", lo que deja en el aire otras posibilidades, como la de que, en determinadas condiciones, se reduzca de cien a veinte metros la anchura de la servidumbre de protección.