La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife (PAH-Tenerife) informó ayer a EL DÍA de que la revisión del caso que ha derivado en la orden de desahucio de Antonio Méndez y Berta Ferreira, una pareja de mayores que reside en Tacoronte, depende de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. El colectivo cree que la resolución del recurso por parte del Alto Tribunal no llegará a tiempo para paralizar el desalojo previsto para las 9:30 horas de este viernes, aunque no descartan lograr su aplazamiento gracias a alguna medida del ayuntamiento como la declaración en ruina de un inmueble "que se supone que no tiene cimientos".

PAH-Tenerife organizó ayer una concentración frente al Juzgado de Instrucción Número 5 de La Laguna para "llamar la atención de quienes aplican lo que denominamos justicia y hacerles llegar nuestro mensaje de repulsa ante hechos como los sucedidos en Tacoronte". Antonio Méndez, uno de los afectados por este desahucio, estuvo presente en el acto de protesta que intenta paralizar su inminente desalojo.

Desde este colectivo se reconoce que "la existencia de una sentencia firme, sin ninguna vía de recurso abierta, no ayuda" a la rectificación de lo que consideran un "grave error judicial". Pese a todo, esperan que el Tribunal Supremo pueda ordenar la revisión de un caso que, según sostienen, "se inició con una mentira, tal y como ha demostrado el abogado de la pareja afectada".

La calle Ismael Domínguez, donde reside esta pareja desde hace 27 años, se ha llenado ya de carteles, banderas y crespones negros contra este desahucio, "injusto" tanto a juicio de PAH-Tenerife como del concejal de Servicios Sociales de Tacoronte, Carlos Medina (PSC).

La movilización vecinal contra el desalojo de Antonio y Berta continuará durante la semana con la colocación de más carteles y banderas negras. Además, este jueves, a partir de las 18:00 horas, los vecinos de esta pareja se reunirán para organizar más protestas y la resistencia pasiva contra el desalojo previsto para el día siguiente.

Según PAH-Tenerife, "el desahucio de Antonio y Berta tiene su origen en la denuncia interpuesta por un vecino colindante, que alegó que la propiedad del matrimonio se sostenía sobre los cimientos de su casa. Una mentira que solo ha logrado destapar, tras ocho años de proceso judicial, el actual abogado de oficio de la pareja, que ha demostrado que la propiedad de Antonio y Berta fue construida con anterioridad a la del vecino denunciante, como demuestra una antigua foto aérea de la zona donde se ubican. El proceso judicial ya tiene todas las vías de recurso caducadas y, a pesar de tener constancia del error, la justicia no rectifica y ellos pueden perder su casa".

"Como no pudieron hacer frente a la obra de construcción de nuevos cimientos, que el Juzgado presupuestó en 136.000 euros, su vivienda salió a subasta por esa cantidad. Tras quedar desierta, el vecino denunciante solicitó quedarse con la casa pagando solo el 60% de ese valor. Se aprobó su petición y por eso ahora los van a echar a la calle en lo que consideramos una auténtica aberración de la justicia", sentencia el colectivo de afectados por las hipotecas.

PAH-Tenerife opina que "este tipo de casos hace que nos cuestionemos si realmente podemos confiar en un sistema judicial que no reconoce un error".